Esta iniciativa de la cosecha en verde la puso en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado 10 de febrero, en el marco del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (PASVE) y busca aliviar la tensión que se puede producir en algunas regiones productivas que mantienen un elevado nivel de existencias, ya que permite dimensionar la vendimia de 2023 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la próxima campaña, evitando así los efectos indeseables de una potencial sobreoferta de uva el próximo otoño que pueda lastrar la renta de los viticultores.

Ayudas para la cosecha en verde

Las solicitudes se podrán presentar en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, donde radiquen los viñedos, a medida que cada una de ellas publique las convocatorias en sus respectivos territorios, siempre dentro del plazo mencionado.

El importe de la ayuda es variable en función de cada parcela, puesto que depende del rendimiento de cada una y del precio de venta de la uva. No obstante, con carácter general compensa a los viticultores por el 50 % de los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos de uvas y de la pérdida de ingresos vinculada a la destrucción o la eliminación de dichos racimos. En las parcelas para las que se resuelvan positivamente las solicitudes, la cosecha en verde deberá estar ejecutada antes del 16 de julio de 2023. Por su parte, los pagos se realizarán a los viticultores hasta el 15 de octubre, como fecha límite.

Para adecuar el importe de la ayuda a la coyuntura inflacionista, el Ministerio ha actualizado los costes asociados a las tareas de cosecha en verde mediante la aplicación de la variación del índice de precios al consumo (IPC), desde la fecha de solicitud de aprobación del programa por la Unión Europea (en junio de 2021), hasta la actualidad. Igualmente, y en relación a los precios a tener en cuenta para el cálculo del importe, se ha dado a las comunidades autónomas la posibilidad de que, en aquellos casos en los que la pandemia hubiera tenido impacto a la baja en las cotizaciones, la referencia para el cálculo de la pérdida de ingresos pudiera tomarse de campañas ordinarias.