Tras los resultados de las elecciones celebradas el pasado 28 de mayo, que conllevan un cambio político en el Gobierno de Aragón, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, muestra su preocupación por la posible paralización o ralentización en la toma de decisiones durante esa transición. En ese sentido, la organización agraria manifiesta que la sequía ha sumido al sector agrario, especialmente al cerealista, en una crisis económica sin precedentes y, por tanto, en el contexto actual, se hace imprescindible la puesta en marcha de todas aquellas medidas pendientes de ejecución con la mayor celeridad posible.

UAGA urge al Consejero de Agricultura en funciones, Joaquín Olona, a publicar cuanto antes la Orden que debe desarrollar las medidas complementarias del Real Decreto- Ley 4/2023, del 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria en respuesta a la sequía. Hasta el momento solo se han publicado, el 25 de mayo, las flexibilidades en la PAC, por tanto, todavía falta por sacar la Orden para que los apicultores puedan solicitar la ayuda directa por colmena.

Además, Joaquín Olona tiene pendientes más compromisos adquiridos con el sector agrario, y que él mismo anunció en los medios de comunicación, como es la convocatoria de préstamos bonificados para inyectar liquidez a todas las explotaciones afectadas por la sequía y también los préstamos subvencionados para el sector olivar y almendro. En el caso, de que estos compromisos no se puedan ejecutar en este periodo transitorio, UAGA reclama que sean asumidas por el futuro Consejero del ramo.

Por tanto, la organización agraria apremia al Departamento de Agricultura para que agilice todos los trámites y cierre los asuntos pendientes antes de que se produzca el cambio de gobierno. UAGA recuerda la situación crítica en la que se encuentran muchos agricultores/as y ganaderos/as por la escalada de costes de producción, a raíz de la guerra en Ucrania, y agravada por las condiciones meteorológicas, las heladas y ahora la sequía. El sector no puede permitirse que esta transición política penalice, aún más, la maltrecha economía de las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura y la ganadería.