El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha solicitado a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas que basen las flexibilidades de determinados requisitos de la Política Agraria Común (PAC) en un análisis detallado de las condiciones climáticas de su territorio, para evitar posteriores correcciones financieras de la Comisión Europea (CE) que afecten a sus agricultores y ganaderos.

En una carta enviada recientemente a todos los consejeros y consejeras del ramo, Luis Planas ha recordado que el Plan estratégico de la PAC 2023-27 es fruto de “la gran diversidad” del territorio español y del clima, que conforman la agricultura y la ganadería de España “con diversos modelos de producción y una extraordinaria riqueza de cultivos y producciones ganaderas”.

Precisamente, “con el objetivo de tener en cuenta esta diversidad”, ha remarcado el ministro en funciones, “el Plan estratégico recoge ocho prácticas posibles para optar a las ayudas de los ecorregímenes, adaptadas a los distintos usos del suelo”. Además, ha señalado que la normativa de desarrollo del plan, “prevé diferentes flexibilidades para tener en cuenta las situaciones que puedan darse en las distintas zonas de España”.

Así, ha citado como ejemplos que los requisitos de los ecorregímenes pueden variar en función de si un pasto es húmedo o mediterráneo; o de si una tierra de cultivo es de secano o regadío, y se establece la posibilidad de que las comunidades autónomas, en función de las condiciones climáticas, puedan ajustar diferentes parámetros, como la carga ganadera o el porcentaje máximo de barbecho, entre otros.

Luis Planas ha subrayado en la misiva que “esta potestad de las comunidades autónomas es necesaria, a la vista de las grandes diferencias de condiciones climáticas en nuestro país, que dificultan la toma de decisiones a nivel nacional que satisfagan las necesidades de todo el territorio”.

Ha apelado al “conocimiento cercano y profundo de la realidad” sectorial y del territorio de los máximos responsables de las comunidades autónomas para que la decisión de aplicar “una o varias de las flexibilidades previstas en la normativa” se haga con “responsabilidad”, y evitar que la decisión que adopten “pueda conllevar en términos de correcciones financieras” para la comunidad autónoma.

“A la hora de adoptar una decisión” es “importante” que se haga en base a un “análisis detallado de las condiciones climáticas” de la comunidad autónoma, con información detallada sobre si la situación es uniforme en todo el territorio o afecta del mismo modo a todas las producciones. El objetivo es “delimitar, de forma clara, las zonas en las que es necesario aplicar estas flexibilidades”, sin que supongan un desvío en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y recogidos en el Plan estratégico, que serán fiscalizados por la Comisión Europea.

Por ello, ha recomendado a las comunidades autónomas que empleen indicadores objetivos en los informes en los que amparen sus decisiones, los cuales deben quedar a disposición de los procedimientos de fiscalización del gasto, particularmente “importantes por tratarse de fondos comunitarios”. A este respecto, ha recordado que las consecuencias financieras que pudieran derivarse del recurso indebido a las flexibilidades deberán ser asumidas por la comunidad autónoma.

“Los agricultores y ganaderos deben contar con la estabilidad necesaria a la hora de tomar decisiones”, ha señalado el ministro, puesto que las flexibilidades son “ajustes puntuales a lo largo del periodo” de aplicación de la PAC y deben adoptarse con “responsabilidad”, según Planas.