El nuevo marco financiero para la creación de regadíos desarrollado por el Gobierno de Aragón, que cuenta con autorización de la Comisión Europea para la aplicación de ayuda pública por valor de casi 100 millones €, así como con el compromiso de los regantes para aportar la financiación necesaria, exige que las comunidades de regantes beneficiarias estén plenamente constituidas.

Este paso fundamental para avanzar en obras de regadío largamente esperadas en Monegros II, podría no completarse como consecuencia de la oposición de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que está bloqueando la constitución de algunas de ellas con informes desfavorables presentados o en vías de presentación en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que es, en todo caso, a quien compete la autorización definitiva de estas nuevas comunidades de regantes.

La situación ha generado una alta preocupación entre regantes expectantes y poblaciones monegrinas, así como en el Gobierno de Aragón, que ven peligrar la posibilidad de llevar a cabo estas inversiones con las que se pretende dar un nuevo impulso al desarrollo agrario y económico del área.

Cabe recordar, en este sentido, que se trata de poder finalizar obras ya iniciadas y que, tanto en Monegros II como en como en otras zonas de interés nacional o en regadíos sociales y pebeas, constituyen una de las prioridades del Gobierno. Tanto es así, que en el mes de junio el Gobierno de Aragón publicó dos decretos de financiación para la finalización de estos regadíos, los cuales, a su vez, completan una ley aprobada por las Cortes de Aragón en 2016 con ese mismo objetivo.

En esta situación se encuentran, ahora mismo, las zonas de regadío del Sifón de Cardiel y las de la Acequia de La Almolda. Ambas, pertenecientes a la Zona de Interés Nacional de Monegros II, se hallan en el Plan General de Transformación aprobado por real decreto en 1986 y forman parte del propio Sistema de Riegos del Alto Aragón. Cuentan, por lo tanto, con las correspondientes dotaciones de agua para riego, tal y como consta en los Planes Coordinados de Obras de 2004 y en el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021.

En las dos zonas se han finalizado los procedimientos de concentración parcelaria (con entrega de los títulos de propiedad a cada agricultor con sus superficies regables), obras de caminos y drenajes enterrados, así como el embalse de Valdepatao, todavía sin uso. En total, se han invertido ya en ellas, por parte tanto de la Administración General del Estado como de la comunidad autónoma, más de 30 millones de euros.

Además de la irracionalidad que supone no culminar estas inversiones, la decisión de informar desfavorablemente la constitución de sus respectivas comunidades de regantes por parte de Riegos del Alto Aragón resulta difícilmente comprensible si se tiene en cuenta que la superficie de las dos áreas citadas únicamente supone un 5 % de la superficie total de regadío del sistema general y que, además, por su pertenencia a dicho sistema, son superficies de pleno derecho al agua disponible en cada momento, en igualdad de condiciones con aquellas otras áreas que llevan décadas regando. Todo ello con independencia del apoyo que el Gobierno de Aragón presta a las obras de regulación que deben dar estabilidad de recursos a todo el sistema.

Tanto la comunidad del Sifón de Cardiel como la de la Acequia de La Almolda iniciaron su proceso de constitución en 2016 con el apoyo inicial de los Ayuntamientos de Fraga, Ballobar y La Almolda y han seguido el procedimiento legal previsto ante el CHE, en cuyo marco el informe de Riegos del Alto Aragón es preceptivo pero no vinculante. Si su constitución fuese finalmente denegada, los regadíos que comprenden no podrían acogerse a la solución facilitada por el Gobierno de Aragón y continuarían en la situación de bloqueo en la que se encuentran desde hace décadas, pendientes de la licitación directa de obras por parte de la Administración General del Estado.

El consejero Olona ha manifestado, no obstante, su confianza en que en la solución de este asunto prevalezca el interés general, establecido formalmente para la puesta en riego de estos lugares por la Ley 62/2003, del Estado, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y ratificado recientemente por el Pleno de las Cortes de Aragón a través de la proposición no de Ley 161/16 aprobada el 4 de noviembre de 2016. Declaraciones de las que no puede quedar al margen una institución centenaria y tan respetada como Riegos del Alto Aragón, entre cuyos objetivos se halla, precisamente, el avanzar en la finalización de su propio sistema, haciendo así posible la extensión de los beneficios públicos del regadío en términos de creación de empleo y sostenimiento demográfico del medio rural más árido.