La Comisión Europea (CE) ha adoptado una propuesta para una nueva Directiva de la Unión Europea (UE) para reprimir los delitos ambientales, cumpliendo con un compromiso clave del Pacto Verde Europeo, según ha sabido Hortoinfo de fuentes de la CE.

La nueva Directiva tiene por objeto aumentar la eficacia de la protección del medio ambiente, obligando a los Estados miembros a adoptar medidas de derecho penal. Define nuevos delitos ambientales, establece un nivel mínimo de sanciones y refuerza la eficacia de la cooperación policial. También obliga a los Estados miembros a apoyar y ayudar a las personas que denuncian infracciones medioambientales y cooperan con la aplicación. Esta propuesta ayudará a proteger la naturaleza y los recursos naturales, así como la salud y el bienestar públicos.

Los objetivos

La propuesta establece nuevos delitos ambientales de la UE, incluido el comercio ilegal de madera, el reciclaje ilegal de buques o la extracción ilegal de agua. Además, la propuesta aclara las definiciones existentes de delitos ambientales, proporcionando una mayor seguridad jurídica.

La Comisión propone establecer un mínimo común denominador para las sanciones por delitos ambientales. Cuando un delito cause o pueda causar la muerte o lesiones graves a cualquier persona, los Estados miembros deben prever al menos una pena de prisión de hasta diez años.

El proyecto de directiva también propone sanciones adicionales, incluida la restauración de la naturaleza, la exclusión del acceso a la financiación pública y los procedimientos de contratación o la retirada de permisos administrativos.

La propuesta también tiene como objetivo hacer más eficaces las investigaciones y los procesos penales pertinentes. Brinda apoyo a los inspectores, la policía, los fiscales y los jueces mediante capacitación, herramientas de investigación, coordinación y cooperación, así como una mejor recopilación de datos y estadísticas. La Comisión propone que cada Estado miembro desarrolle estrategias nacionales que garanticen un enfoque coherente en todos los niveles de ejecución y la disponibilidad de los recursos necesarios.

Delitos transfronterizos

La propuesta ayudará a la investigación y el enjuiciamiento transfronterizos. Los delitos ambientales a menudo afectan a varios países (por ejemplo, el tráfico ilícito de vida silvestre) o tienen efectos transfronterizos (por ejemplo, en el caso de la contaminación transfronteriza del aire, el agua y el suelo). Las autoridades policiales y judiciales solo pueden abordar estos delitos cuando trabajan juntas a través de las fronteras.

La Comisión seguirá apoyando a los Estados miembros ofreciendo a los agentes del orden y sus redes profesionales una plataforma para debates estratégicos y proporcionándoles asistencia financiera. Por último, dado que los delitos contra el medio ambiente son un fenómeno mundial, la Comisión seguirá promoviendo la cooperación internacional en este ámbito.

La propuesta legislativa se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo.

Las razones

Desde la Comisión señalan que esta nueva Directiva está motivada por que el impacto de los delitos ambientales en el medio ambiente natural en Europa y el mundo se manifiesta en niveles crecientes de contaminación, degradación de la vida silvestre, reducción de la biodiversidad y alteración del equilibrio ecológico.

Los delitos contra el medio ambiente son muy lucrativos, pueden ser tan rentables como el tráfico ilegal de drogas, pero las sanciones son mucho más bajas y se procesan con menos frecuencia. Estos factores lo hacen muy atractivo para los grupos del crimen organizado.

La propuesta contribuye al Plan de Acción de Contaminación Cero, el Plan de Acción de Economía Circular y la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y promueve el estado de derecho ambiental.

La propuesta sigue a la publicación en 2020 de la evaluación de la Comisión de la Directiva sobre delitos ambientales de 2008 (Directiva 2008/99 / CE sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal). Los resultados indican que el número de casos ambientales procesados ​​con éxito fue bajo, las sanciones fueron demasiado insuficientes para ser disuasorias y la cooperación transfronteriza fue débil.