El incumplimiento de los compromisos contraídos respecto de la adopción de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la UE y la mejora de las normas para una producción alimentaria sostenible tendrá serias consecuencias para el medio ambiente y podría agravar los efectos económicos de las crisis climática y de precios de los alimentos. No obstante, los agricultores necesitan más apoyo, por ejemplo a través de un nuevo fondo nacional para la gestión de plagas, que podría financiarse con un impuesto sobre los plaguicidas basado en el riesgo, contribuciones de los minoristas o multas coercitivas. Este es el mensaje fundamental que han querido transmitir los líderes locales y regionales en un Dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones en su pleno del 15 de marzo, en el que se pide a los Estados miembros de la UE que ayuden a los agricultores a reducir el uso de plaguicidas y los riesgos asociados a través de la introducción de medidas específicas, financiadas mediante la política agrícola común de la UE, en sus planes estratégicos.

En el Dictamen sobre el «Uso sostenible de los plaguicidas», los representantes locales y regionales piden objetivos más ambiciosos que los establecidos en la propuesta de Reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios, presentada por la Comisión Europea, en lo que respecta a la protección de la salud, la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y la biodiversidad.Según el Dictamen, la reducción del uso de plaguicidas de elevado coste ayudaría a las explotaciones agrícolas a hacer frente a las crisis económica, energética y medioambiental.

En la misma línea, los líderes locales y regionales advierten que la relajación de las normas para una producción sostenible de alimentos no solo supondría unos costes medioambientales más elevados, sino también una mayor volatilidad de los precios en el contexto de la crisis actual. Por lo tanto, el CDR insta a los gobiernos nacionales a que ayuden a los agricultores a utilizar menos plaguicidas mediante la inclusión de medidas específicas en sus planes estratégicos nacionales, respaldadas con los fondos de la UE en el marco de la política agrícola común. El Dictamen del CDR propone asimismo que se creen nuevos fondos nacionales para la gestión de plagas con lo recaudado mediante un impuesto sobre los productos fitosanitarios basado en el riesgo, las contribuciones de los minoristas o la aplicación de multas coercitivas.

El ponente del CDR, Heinz-Joachim Höfer (PSE/Alemania), concejal de Altenkirchen, declaró: «Reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas es la única manera de consolidar un sistema alimentario sostenible en Europa, que se ajuste a los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», y de garantizar la soberanía alimentaria de Europa sin destruir la biodiversidad. Pero también se trata de proteger la salud pública: al prohibir el uso de plaguicidas cerca de zonas en las que se encuentran personas vulnerables, como mujeres embarazadas o niños, esperamos mejorar la salud y reducir el riesgo de cáncer y otras enfermedades. No olvidemos que, según un estudio del Parlamento Europeo de 2018, se encontraron trazas de plaguicidas en el cabello del 60 % de los europeos».

Según el Dictamen del Sr. Höfer, la propuesta de la Comisión Europea también debería:

• centrarse en los plaguicidas más peligrosos más que en las cantidades aplicadas;

• revisar el procedimiento de evaluación y los indicadores relativos a los plaguicidas que elabora la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para tener en cuenta cuestiones como los efectos combinados («efectos cóctel») y la resistencia;

• prohibir la importación de productos tratados con plaguicidas no autorizados y la exportación de plaguicidas no autorizados;

• prohibir la venta y el uso de los plaguicidas más peligrosos por parte de clientes no profesionales;

• ampliar las zonas tampón a cincuenta metros (en lugar de los tres metros previstos en la propuesta de la Comisión Europea) en los lugares frecuentados principalmente por personas vulnerables y en los que se utilizan productos fitosanitarios más peligrosos;

• ampliar las zonas sensibles a las zonas residenciales y a todos los recursos hídricos (cuencas de captación, aguas subterráneas y superficiales, etc.);

• planificar el seguimiento de las enfermedades profesionales relacionadas con el uso de plaguicidas;

• ampliar la responsabilidad de los productores de plaguicidas a todo el ciclo de vida del producto y, en particular, a la recogida y el reciclado.

La propuesta de Reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios presentada por la Comisión Europeatiene por objetivo el uso sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de los riesgos y las repercusiones en la salud humana y el medio ambiente, así como la promoción de la gestión integrada de plagas y los enfoques o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los plaguicidas.

La Plataforma de Partes Interesadas de la Contaminación Cero, una iniciativa conjunta que el Comité Europeo de las Regiones y la Comisión Europea pusieron en marcha en diciembre de 2021, tiene por objetivo fundamental apoyar a las ciudades y regiones en sus esfuerzos por reducir la contaminación del agua, el suelo y el aire. El primer informe sobre el seguimiento y las perspectivas en relación con la contaminación cero se publicó en diciembre de 2022.