“Tenemos que introducir los costes de producción en la dinámica de la negociación contractual y profundizar en un cambio de mentalidad, para competir en valor y no sólo en precio”, ha explicado Miranda en su intervención.

Se trata de la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, puesto que el Gobierno ya reformó los aspectos más urgentes e inaplazables de la norma, como el establecimiento del precio en la negociación contractual a partir de los costes de producción, a través del Real Decreto Ley 5/2020, ratificado por la cámara baja mediante la Ley 8/2020, de 16 de diciembre.

UPA ha calificado el momento de “histórico” ante los representantes de los partidos políticos en la Cámara Baja, a los que ha pedido “altura de miras”: “No se trata de garantizar por Ley los precios justos en el campo, que también, sino de sentar las bases para dar oportunidades reales a los agricultores y ganaderos de vivir de su trabajo sin abandonar sus pueblos”, ha asegurado la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas.

Entre las propuestas de esta organización, consensuadas además con el resto de organizaciones agrarias representativas de ámbito nacional, destaca el que las asociaciones de operadores puedan presentar denuncias, que se establezca un registro oficial de contratos de compraventa de alimentos o que se adecúen las funciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria para dar más transparencia y más justicia a las relaciones entre los eslabones. UPA insiste también en la necesidad de crear la figura de un mediador que actúe en casos de conflicto entre partes.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria para reforzar la eficacia de la misma y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa.

Durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, con motivo del trámite parlamentario del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España. En este sentido, ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a “criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública” y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, “cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato”.

Unión de Uniones, que es crítica con ciertos aspectos y ausencia en la Ley, pide valentía en su modificación y que se incluyan mecanismos para mejorarla, como la definición de posición de dominio, la prohibición de reventa a pérdidas o la necesaria aplicación de una fórmula de costes de producción que estén más cercanos a la realidad.

La organización ha puesto en evidencia cómo el deficiente funcionamiento de la cadena repercute negativamente en los ingresos de los agricultores y ganaderos, pero también perjudica a los consumidores. De hecho, el diferencial entre los índices de precios de los alimentos entre origen y destino no ha parado de crecer, alcanzado su máximo de 7 puntos durante el período de pandemia, sin que la entrada en vigor de la Ley haya frenado esta tendencia.  

“Los propios datos del Ministerio, ofrecidos en el documento de partida del objetivo 3 del Plan Estratégico sobre cadena alimentaria, afirman que las 10 principales empresas de distribución englobaban el 62,1% de la cuota de valor dentro del hogar en el año 2019”, afirma, Jose Manuel de las Heras.