Sobre la competencia justa, la UE quiere que el Reino Unido se comprometa a que sus regulaciones en áreas como las ayudas de Estado, los estándares sociales y laborales o la fiscalidad no diverjan excesivamente de las comunitarias cuando el Reino Unido tenga acceso al mercado europeo como país tercero.

Bruselas teme que una relajación de las reglas británicas en estas áreas mientras el Reino Unido continúa intercambiando bienes y servicios con la UE a través de un acuerdo de comercio, pueda conllevar distorsiones en el mercado y en la competencia justa. El Gobierno británico, por contra, cree que esta cesión comprometería su soberanía.

En el capítulo pesquero, el objetivo final para el sector comunitario es mantener una relación con el Reino Unido que sea lo más parecida a la actual, mientras que Londres apuesta por negociar anualmente las cuotas con los países del bloque, un arreglo similar al que se acordó con Noruega.

Ambos lados dicen compartir la meta de que el acuerdo esté listo para finales del mes de octubre con vistas a dejar margen para la ratificación parlamentaria tanto en la Unión Europea como en el Reino Unido, un trámite que generó amplios retrasos en anteriores fases del Brexit por las reticencias de la Cámara de los Comunes en Londres.

El objetivo es que el acuerdo que regule estas relaciones futuras esté listo para entrar el vigor el 1 de enero, fecha en la que concluye el periodo de transición actual y el Reino Unido se desvinculará definitivamente de todas las estructuras y legislación comunitarias, convirtiéndose en un país tercero.

Los términos pactados por ambos recogían una posible extensión de este periodo, mucho más breve de lo inicialmente previsto, pero finalmente el Reino Unido se negó a solicitar una prórroga antes de que el 1 de julio expirara el plazo para hacerlo.