Todos los agentes implicados en la cadena agroalimentaria, las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, en representación de la producción; Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB y PROMARCA en nombre de la industria y ASEDAS, como distribución, se han dirigido a los distintos grupos políticos con representación parlamentaria para pedir que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria que está a punto de aprobarse en el Parlamento. Del mismo modo, esta petición se ha reiterado a los ministros de Agricultura, Luis Planas, e Industria y Comercio, Reyes Maroto, por considerarse que sólo así quedará protegida la lealtad en las transacciones comerciales entre los operadores y la aportación de valor en todos los eslabones que intervienen en la cadena.

Tras meses de interlocución e intensas negociaciones, la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria se vota el Congreso de los Diputados y todos los agentes implicados en ella consideran que «la trasposición de la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales supone una oportunidad indiscutible para modificar la Ley 12/2013 que regula las medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y desarrollar una regulación más coherente y que aporte seguridad jurídica a los operadores en relación con la destrucción del valor en la cadena en este sector».

Por ello, los agentes implicados inciden «en la necesidad de extender la prohibición de la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final y que supondría otorgar el reconocimiento público al sector agrario como elemento estratégico en la cadena alimentaria. La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados tiene ahora la llave para conseguir mejorar notablemente el funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria de este país. Después quedará pendiente el paso de la ley por el Senado, antes de que entre en vigor durante el próximo mes de noviembre».

Por último, en una nota de prensa remitida a agrodiariohuelva.es, los agentes implicados señalan que «la trascendencia de esta reforma de ley queda patente si recordamos que el sector agroalimentario español aporta cada año cerca de 100.000 millones de euros a la economía española, el 9,7% del valor añadido bruto, genera 2,3 millones de empleos (el 11,7 del total nacional) y representa más del 17,4% del total de los bienes exportados por España».