Esta iniciativa, que continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, tiene por objeto «la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos» por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, estableciendo una jerarquía de prioridades de solución y dando respuesta «al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030».

La Cámara Alta dispondrá de un plazo de dos meses para aprobar la norma en los mismos términos que el Congreso, oponer su veto o introducir enmiendas al texto, según regula el artículo 90 de la Constitución. Si el Senado introdujese modificaciones al texto, éste debería volver al Congreso para que la Cámara Baja se pronunciara sobre las mismas. En caso de dar luz verde al texto aprobado por la Congreso, la ley estaría lista para su publicación en el BOE y entrada en vigor.