La transición hacia una producción de alimentos más sostenibles es ya una realidad. La agricultura necesita un cambio urgente de paradigma para poder consolidar un modelo de producción que respete el medio ambiente y garantice la seguridad alimentaria. Si bien esta transición está prevista en la estrategia de la UE, “De la granja a la mesa”, y dentro del Pacto Verde, parece haber llegado en un momento muy poco oportuno, salpicado por la crisis derivada de la COVID-19 y de la inminente recesión económica.

Son diversas las opiniones contrapuestas acerca de las condiciones y dificultades de la agricultura española para aprovechar esta transición. Por una parte, la coalición “Por otra PAC”, considera que España tiene “potencialidades” para liderar esa transformación, por el desarrollo de su agricultura ecológica o su diversidad de cultivos. Sin embargo, la Alianza por la Agricultura Sostenible (ALAS) -que representa a organizaciones agrarias mayoritarias- advierte de que las exigencias de Bruselas han llegado en un momento inoportuno, por la pandemia, y amenazan la competitividad de la agricultura nacional.

Asimismo, y pese a sus opiniones vaiopintas, ambas plataformas coinciden en que España necesita más ayudas para transitar hacia ese nuevo modelo sostenible.

Retos

Las estrategias “De la granja a la mesa” y Biodiversidad están enmarcadas en el Pacto Verde, cuya ambición es conseguir que la UE sea en 2050 una economía neutra en emisiones de CO2.

“De la granja a la mesa” establece objetivos como la reducción del 50% del uso de pesticidas, la bajada del 20% del uso de fertilizantes, del 50% de la venta de antibióticos para ganado y acuicultura y que un mínimo del 25% de la tierra agrícola se destine a producción ecológica.

Para las organizaciones agrarias, esta es una propuesta poco realista, pues explican que su impacto puede ser perjudicial para la agricultura española, ya que deberán cumplir “más requisitos con menos fondos”.

Oportunidades

No obstante, España es un país muy aventajado para hacer la transición a lo sostenible dadas sus características. La península ibérica, con 2,35 millones de hectáreas, es el país de la UE con más superficie de agricultura ecológica, y el tercero del mundo, solo superado por Australia y Argentina, según la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica (Ecovalia).

Cataluña, Andalucía y Navarra están cerca del 25% de superficie agraria dedicada a agricultura ecológica que la CE pretende

La coalición “Por otra PAC” -que engloba a una treintena de organizaciones de agricultura ecológica, ganadería extensiva, ONG y expertos en alimentación- apoya la estrategia y considera que es “un primer paso” hacia esa transición.

Su portavoz, Fernando Viñegla, subraya que en España hay ejemplos que muestran que “es una realidad”, pues “ya se está produciendo un cambio”.

“La estrategia es una gran oportunidad para España, un país vulnerable al cambio climático. Cuanto antes trabajemos en alternativas sostenibles menor será el impacto”, según Viñegla, quien también ha mencionado como ventaja la diversidad de producciones, entre ellas la ganadería extensiva.

“El modelo actual de agricultura está a punto de colapsar y no soluciona problemas como el despoblamiento rural, hacen falta soluciones”, añade.

Sin embargo, afirma que en apoyo público España está peor posicionada que “otros países como Francia o Alemania, quienes “apuestan más” por inversiones “verdes” y por una PAC con mayor participación de los territorios”.

Más exigencias pero menos ayudas

Por el contrario, las organizaciones del sector agrario españolas advierten de que las propuestas ponen en riesgo la capacidad de la agricultura española para garantizar el abastecimiento de alimentos, según el presidente de ALAS, Pedro Gallardo.

ALAS -que agrupa a Asaja, COAG, UPA, las Cooperativas Agro-Alimentarias y a la patronal de exportadores hortofrutícolas Fepex– considera que no pueden aumentar las exigencias a los agricultores “si no hay más ayudas”.

En relación a “De la granja a la mesa”, Gallardo apunta que en España la necesidad de fitosanitarios es mayor “en comparación con Finlandia o los países del Báltico”, debido al clima y a su proximidad a África, donde “no se cumplen los mismos requisitos ambientales”.

En ese sentido, plantea que la reducción de fitosanitarios que propone la CE es como promover una política de salud pública “con una bajada del 50% de los medicamentos que hay en la farmacia”.

ALAS defiende que la UE necesita incrementar su productividad y fomentar “herramientas de innovación” como la edición genética. En la misma línea, un informe de PWC sobre la agricultura en España señala que las soluciones para su sostenibilidad son: la utilización de nuevas tecnologías, nuevas variedades, técnicas de edición genética y una apuesta fuerte en investigación.