De hecho, tal y como explica una de las presidentas de la Asociación Española de Economía Agroalimentaria (AEEA), Marga Brugarolas, “el sector público nos dice constantemente que hacemos mucha falta”. Brugarolas es consciente de que, aunque la de los economistas es una profesión bien conocida, “esta especialidad quizá no lo sea”, pero tiene muy claro que “nuestra transversalidad es una gran ventaja y nos hace necesarios en muchas áreas de conocimiento”.

De la sociología a la política, de la producción al consumo, de la elaboración de alimentos a su distribución, de la sostenibilidad al márquetin… En cualquiera de estos terrenos y de otros varios hay economistas agroalimentarios investigando y aflorando conocimiento para usos públicos y privados. “Quizá no tengamos respuestas suficientes para todas las necesidades que existen, pero trabajamos con el objetivo de aportar soluciones y ciertamente nos dicen que hacemos mucha falta”, añade.

Surge así una de las cuestiones críticas en la investigación, la transferencia de conocimiento. Esta copresidenta, pues comparte la cabeza bicéfala de la AEEA con su colega Eva Iglesias, reconoce en este caso que la transferencia es difícil, pero que los economistas agroalimentarios trabajan siempre “con el espíritu de mejorar la sociedad”.

Mas una cosa es la investigación y otra muy diferente la transferencia, y no todos los investigadores se sienten cómodos en esta actividad, como reconoce Azucena Gracia, jefa de la Unidad de Economía Agroalimentaria del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). El anterior jefe de la unidad, Luis Miguel Albisu, al que todos en este gremio de economistas-investigadores aluden con un respeto casi sacerdotal, insistía, según Gracia, en trabajar con calidad, en hacer publicaciones científicas de nivel y en transferir conocimiento constantemente; “las dos primeras recomendaciones las hemos podido seguir, pero a la tercera no llegamos”, indica.

Los organizadores del evento celebrado en Zaragoza han sido el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza (CIHEAM), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Agroalimentario de Aragón.

La Academia y el mundo parecen estar distanciados -analiza Brugarolas- pero no lo están tanto. Hay otras disciplinas científicas donde este problema puede ser mayor, ya que en el caso de los economistas agroalimentarios, estos mantienen un contacto continuo con la agricultura y la industria alimentaria porque es su fuente fundamental de información, y esta relación, imprescindible en los abundantes trabajos de campo que se llevan a cabo, acorta las distancias.

Esta opinión es compartida por Tomás García Azcárate, miembro de la AEEA y, con toda seguridad, uno de los especialistas más conocidos y reconocidos en el sector, especialmente por los seguidores de la Política Agraria Común (PAC). Según expresa, en economía agroalimentaria la ligazón con el sector es mucho mejor que en otras ramas, porque “se trabaja mucho con la gente”.

Si nos preguntamos, en sentido contrario, si el sector se esfuerza por aprender y aplicar lo que los economistas le hacen llegar, la presidenta de la AEEA afirma que no siempre, pero que el diálogo constante que se mantiene, en todo caso, lo facilita.

García Azcárate, por su parte, hace hincapié en que la evaluación de las políticas públicas es cada vez más importante y “ahí jugamos un papel relevante”. Este ingeniero agrónomo doctorado en economía agraria lleva vinculado a la PAC desde los años ochenta y durante prácticamente tres decenios ha sido funcionario de la Comisión Europea. Nos recuerda que ahora la CE obliga a integrar la Academia en la evaluación de la política agraria y pone como ejemplo el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para hacer el seguimiento y evaluación del plan estratégico español de la PAC.

En todo caso, relativiza el papel y la influencia que la ciencia debe tener a la hora de la toma de decisiones. “Nosotros analizamos y llegamos a conclusiones, pero no podemos decidir; como mucho, sugerir”. Es el responsable público o privado (el que se juega el puesto o el patrimonio) el que debe usar la perspectiva, en este caso, económica, junto con otras, y actuar. “Si queremos que nos escuchen, debemos permanecer en nuestro sitio”, concluye.

Raúl Compés, director de CIHEAM Zaragoza, durante el acto inaugural del XIV Congreso de Economía Agroalimentaria.

Desde el CITA y abundando en esta idea, Azucena Gracia señala que los análisis macroeconómicos dan orientaciones a medio y largo plazo a los políticos y que las investigaciones microeconómicas como, por ejemplo, las de márquetin, ayudan mucho a los agentes individuales; sobre todo, a los pequeños: “hay asociaciones y pequeños grupos de productores que sin nosotros no tendrían información de mercado”, concluye.

El problema que ve es que los economistas dibujan escenarios con cierta holgura, no dan información exacta, sino tendencias que funcionan siempre y cuando no haya episodios como las pandemias, guerras, etcétera, que distorsionan la realidad y hacen saltar por los aires una parte de las certezas.

Estas reflexiones se las han hecho a Horticultura en el marco del décimo cuarto congreso de Economía Agroalimentaria celebrado entre el 6 y el 8 de septiembre bajo un calor inesperado, pero con los alicientes de una ciudad de creciente interés turístico y gastronómico y vivificada además por la llegada de la Vuelta Ciclista a España, Zaragoza.

Un congreso sin apellido, porque ni es nacional ni internacional, nadie se lo ha puesto, pero al que, amén de una gran representación de los investigadores en economía agraria españoles, se han sumado representantes de alrededor de una docena de naciones.

Así, más de cuarenta organizaciones han estado presentes a través de sus miembros en la capital aragonesa, comenzando, lógicamente, por los cuatro organizadores que han dado soporte a la asociación de economistas: el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza (CIHEAM), el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Agroalimentario de Aragón.

En la primera sesión plenaria se celebró una mesa redonda bajo el título 'Geopolítica Alimentaria: retos globales, impactos locales'.

Organizado en tres sesiones plenarias, cinco de comunicaciones, una de pósteres y los actos oficiales de apertura y clausura, el congreso ha repasado en profundidad las últimas investigaciones desarrolladas en torno a temas como el medioambiente, los recursos naturales, la bioeconomía y economía circular y el cambio climático, en un primer grupo de sesiones; el segundo se ha ocupado de políticas agrarias, agroambientales y alimentarias y del comercio internacional; un tercero, de producción gestión y organización de la empresa; también, por otro lado, del sistema agroalimentario, las cadenas de valor y el asociacionismo; la alimentación, el consumo y el márquetin han configurado otro bloque; y, por último, el congreso ha tratado sobre desarrollo rural y territorial y silvicultura. En total, unos dos centenares de intervenciones para dibujar el último mapa del conocimiento económico agroalimentario.

La organización, satisfecha por el número de participantes, unos 250, lo está también por el incremento de la presencia internacional, la notable participación de jóvenes y la excelente integración y relación entre los distintos grupos de investigación. “El nivel científico es muy alto y los mejores investigadores están aquí”, dice la presidenta en una exhibición de orgullo gremial.

Con las reservas propias de quien no puede abarcar todo el contenido de los tres días, García Azcárate destaca, que, a diferencia de otros congresos, la PAC ha perdido peso y lo han ganado temas como el agua y la sequía, lo que le parece una buena señal porque quiere decir que las preocupaciones de los científicos discurren en paralelo a las de la sociedad.

De hecho, indirectamente, el agua ha ocupado una de las sesiones plenarias, la dedicada al gobierno de los sistemas alimentarios sostenibles, en la que, partiendo del paradigma de la tragedia de los comunes, los investigadores Michael Cox, Irene Pérez y Sergio Villamayor han descrito el funcionamiento de las instituciones de gobernanza colectiva y su idoneidad para gestionar el uso de los recursos naturales sin llegar al colapso de estos.

La idea de la tragedia de los comunes fue formulada para explicar cómo la defensa de intereses individuales puede llevar a la sobreexplotación de un recurso y, por tanto, perjudicar al conjunto de los beneficiarios de ese recurso. Sin embargo, aunque no sean una panacea, como se esforzaron en advertir los ponentes, las instituciones de gobernanza colectiva pueden evitar esto, y aquí se sitúan, por ejemplo, las comunidades de regantes, que en el congreso han protagonizado también varias de las comunicaciones.

Cuando Azucena Gracia afirma que los trabajos científicos corren el riesgo de quedar inutilizados por el surgimiento de una crisis piensa en diversas tipologías de crisis y, entre ellas, las que tienen un origen geopolítico.

Pero no solo la ciencia se ve afectada por la geopolítica, igual le ocurre al conjunto de las actividades vinculadas a la agroalimentación. De ahí que otra de las sesiones plenarias se centrase en esta materia.

Javier Sierra, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Misión Permanente de España ante los Organismos Internacionales, para quien no hay duda de que “estamos en un mundo de conflictos”, incide al respecto en el concepto de autonomía estratégica que se está instalando en las relaciones internacionales; frente a la globalización, la autonomía estratégica tiene el objetivo de minimizar la dependencia exterior para la obtención de recursos que tengan ese carácter estratégico.

Sierra confirma lo que los ciudadanos intuyen a través de la información que reciben a diario: “el mundo es tremendamente complejo y hay una gran rivalidad por los recursos”. Escenario en el que los alimentos, que son un bien público, tienen una importancia crítica.

La gran dificultad para abordar los problemas actuales es que la gobernanza internacional se decidió en un momento en que la realidad mundial era muy distinta; cambiar ese acuerdo inicial resulta, por su parte, enormemente difícil, porque exige consensos que en el contexto actual son casi impensables.

El congreso ha terminado con la entrega de premios a los investigadores más jóvenes. En este caso y como mejor comunicación a José A. Zabala, por su Análisis de la validez de los experimentos de elección para la modelización de las preferencias sociales por servicios y contra servicios de los agroecosistemas.

Los seis accésits fueron para Lucía Vernaza-Quiñónez por el trabajo: ¿Cómo perciben los servicios ecosistémicos los gestores de manglar? Un caso de estudio en Ecuador; para Noah Larvoe por Willingness to pay for pesticides’ reduction in Mediterranean olive groves: Reference price-dependent contingent valuation method; para Jaime Martín-García por: Olivar ecológico frente a olivar convencional: ¿cuál tiene un mejor desempeño económico?; para Jorge Luis Sánchez Navarro por: ¿Reducen las cooperativas agroalimentarias los comportamientos oportunistas que sufren los productores agrarios?; para Olda Lami por: Interés de los consumidores españoles por las variedades tradicionales y su recuperación; y, finalmente, para Hayet Kerras por: ¿Está la población rural atrapada en el torbellino de la brecha digital?