Los operadores y comerciantes deberán demostrar que los productos están libres de deforestación (producidos en tierras que no fueron deforestadas después del 31 de diciembre de 2020) y legales (cumplen con todas las leyes pertinentes aplicables vigentes en el país de producción).

Las empresas también deberán recopilar información geográfica precisa sobre las tierras de cultivo donde se han cultivado los productos básicos que obtienen, de modo que se pueda verificar el cumplimiento de estos productos.

Los Estados miembros deben asegurarse de que el incumplimiento de las normas dé lugar a sanciones efectivas y disuasorias.

La lista de productos básicos que están cubiertos se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos, como los cambios en los patrones de deforestación.

Asimismo, la Comisión Europea ejecutará un sistema de evaluación comparativa que evaluará los países o partes de los mismos y su nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal (riesgo alto, estándar o bajo), teniendo también en cuenta la expansión agrícola para la producción de los siete productos básicos y derivados.

Las obligaciones de las empresas dependerán del nivel de riesgo. Esto también ayudará a guiar el trabajo de la UE junto con los países socios para detener la deforestación, al mismo tiempo que presta especial atención a la situación de las comunidades locales y los pueblos indígenas.

A nivel internacional, la UE intensificará su compromiso, tanto bilateralmente con los países productores y consumidores como en los foros multilaterales relevantes, para garantizar que la nueva ley se implemente de manera efectiva y ayudar a los países productores cuando sea necesario.

Las nuevas reglas no solo reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también ayudarán a asegurar los medios de vida de millones de personas, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales de todo el mundo, que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales, según Bruselas.

Una vez que el Reglamento entre en vigor, los operadores y comerciantes tendrán 18 meses para implementar las nuevas reglas. Las micro y pequeñas empresas gozarán de un mayor período de adaptación, así como de otras disposiciones específicas.