Representantes del sector agrario pidieron en el marco de la feria Fruit Attraction que se reduzcan las trabas administrativas y aumente el apoyo para poder innovar en favor de una cadena agroalimentaria sostenible y adaptada a los nuevos retos.

En un acto sobre el valor estratégico del sector agroalimentario antes y después de la pandemia, el vicepresidente de la Alianza por la Agricultura Sostenible (ALAS), Juan Ignacio Senovilla, subrayó la necesidad de “defender las formas de producir y las herramientas” de las que dispone el sector.

Senovilla mencionó tres “frentes” que amenazan la agricultura en España, como son la competencia con otros países europeos que tienen un clima mejor, la estrategia de la Comisión Europea “De la granja a la mesa” y el cambio climático.

Sobre este último aspecto, reclamó la declaración de España como “laboratorio de cambio climático” porque, cuando este fenómeno llegue a otros países del norte de Europa, los agricultores y ganaderos españoles ya habrán invertido de su propio bolsillo en soluciones que podrán ser exportadas.

Senovilla reivindicó la labor del sector primario en garantizar una alimentación de calidad, que cuesta un 20% menos a las familias en comparación con lo que gastaban hace treinta años, y el empleo de dos millones de personas que fijan población en los pueblos y mantienen el medio ambiente de las zonas rurales.

El director de Aepla, Carlos Palomar, considera que el actual sistema está “demasiado regulado” y es “muy burocrático”, donde hay un “abuso del principio de precaución” en lugar de gestionar el riesgo.

Para la industria de los fitosanitarios, esto significa que deben renunciar a nuevas soluciones a los problemas del campo, según Palomar, que pidió más flexibilidad y que se incrementen los fondos destinados a la innovación.

El director de Aepla recordó que la patronal europea de fabricantes de fitosanitarios se ha comprometido a invertir 10.000 millones de euros en agricultura de precisión e innovación para 2030, y otros 4.000 millones en biosoluciones y biocontrol.

El jefe técnico de Fepex, Luis Martín, alertó del problema que supondrán para el sector las restricciones en la disponibilidad de herramientas y pidió que se evalúen los objetivos europeos de reducción de insumos.
Lamentó que la Comisión Europea “no establezca recursos financieros” en investigación, desarrollo e innovación acordes a las cifras del sector agroalimentario para mantener su competitividad. Además, exigió reciprocidad para que los productos importados de terceros países tengan las mismas exigencias ambientales que los producidos dentro de la UE.

El subdirector de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Ricardo García, destacó el aumento del peso del sector, hasta representar el 9,7% del valor añadido de la economía española, y el empuje de las exportaciones, que alcanzaron un máximo histórico de ventas de 54.840 millones de euros en 2020 a pesar de la pandemia.

García advirtió de la “atomización excesiva” del sector en España y apostó por seguir innovando en tecnología, canales de venta y logística, así como en materia de agua.

El director de PwC en España, Jordi Esteve, citó las tendencias que afectarán a la evolución de la agroalimentación, entre ellas la escasez de recursos y el cambio climático, la revolución tecnológica, el proceso de urbanización y los cambios demográficos y en los poderes económicos mundiales.

El director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste, instó a los diferentes eslabones de la cadena alimentaria a entenderse más entre ellos y a los legisladores les pidió un mayor apoyo en la ciencia para tomar decisiones.

Por parte de la federación de consumidores Unae, Manuel Martín destacó el reto de la cadena de dar satisfacción a un amplio espectro de consumidores que estará marcados por la brecha digital entre los jóvenes y los mayores de 65 años.