Salud y protección de los suelos: clave para el futuro
El suelo es, junto al agua y el aire, uno de los tres factores clave que intervienen en el desarrollo de la vida natural y humana, en la biodiversidad y, por supuesto, en la actividad agraria en su más amplio sentido, debido a los procesos de erosión, de pérdida de fertilidad, de abandono y compactación, de sobreexplotación o de contaminación al que ha estado sometido.
Fecha: 15-Jul-2021
Fuente: Qcom
Algo que en nuestro país afecta ya, en mayor o menor grado, a cientos de miles de hectáreas, que demandan una recuperación o regeneración urgente, sin que las acciones desarrolladas por parte de las diferentes Administraciones públicas estén siendo suficientes.
Un ejemplo cercano lo tenemos en la enorme preocupación existente entre las organizaciones agrarias españolas por lo que califican como “usurpación” de terreno fértil para implantar plantas fotovoltaicas de generación eléctrica, lo que no significa ir en contra de esta energía renovable o de otras. Exigen simplemente una correcta ordenación sobre el territorio para que, en ningún caso, grupos empresariales y fondos de inversión, muchas veces con maniobras especulativas, acaparen superficie de tierras de labor o de pastos, que son imprescindibles para la producción de alimentos y el sustento económico de agricultores y ganaderos que viven en el medio rural.
La salud y protección del suelo, su uso circular y su sostenibilidad son y serán claves en los próximos años, como reconoce el Parlamento Europeo en una reciente resolución, en la que solicita a la Comisión Europea que diseñe un marco jurídico común a escala de la Unión, dentro del pleno respeto al principio de subsidiariedad, para su protección y uso sostenible, abordando todas y cada una de sus principales amenazas.
Los eurodiputados señalan que, a diferencia del agua y el aire, en la actualidad no existe un marco jurídico de la UE coherente e integrado para proteger el suelo europeo, ya que las medidas de protección se encuentran entre una lista de instrumentos políticos, que carecen de coordinación y son a menudo no vinculantes.
Entre otras cosas, indican que ese marco jurídico debería incluir, en principio, las definiciones comunes de suelo y sus funciones; criterios relativos a su buen estado y al uso sostenible; objetivos, indicadores, incluidos indicadores armonizados; una metodología para el seguimiento continuo de la situación del suelo y la presentación de informes al respecto, así como objetivos intermedios y finales mensurables, con conjuntos de datos armonizados y medidas específicas y calendario para hacer frente a todas las amenazas detectadas, teniendo en cuenta las mejores prácticas extraídas de las actuaciones “pioneras” y respetando los derechos de propiedad de la tierra.
Además, demandan que se aclaren las responsabilidades de las partes interesadas; que se cree un mecanismo para el intercambio de buenas prácticas y formación, así como medidas de control y recursos financieros adecuados, y la integración efectiva entre los objetivos políticos y los instrumentos pertinentes.
Todo ello, acompañado en su propuesta legislativa de un estudio en profundidad de evaluación de impacto, que analice tanto los costes de la acción, como de la inacción en términos de impacto inmediato y a largo plazo en el medio ambiente, la salud humana, el mercado interior y la sostenibilidad general.
Nueva estrategia
Frente a estas peticiones de la Eurocámara, la Comisión Europea no parece estar por la labor y en la presentación del Plan de Acción “Contaminación Cero” (ZPAP) indicó que no ve necesario un marco comunitario específico y legalmente vinculante para la protección del suelo, aunque sí está dispuesta a lanzar una nueva estrategia de suelos este otoño para evaluar el estado de este insumo y, en su caso, adoptar medidas contra su degradación.
Para el comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, esa estrategia proporcionaría ya, de hecho, un marco político, jurídicamente vinculante y la Comisión llevaría a cabo medidas para aumentar significativamente los esfuerzos para identificar, investigar, evaluar y remediar sitios contaminados para que en el año 2050 la contaminación del suelo no represente ya un riesgo para la salud o el medio ambiente.
En todo caso, la CE solo propondrá medidas jurídicamente vinculantes sobre la protección del suelo en el contexto de un plan de restauración de la Naturaleza de la UE, con el objetivo de restablecer los ecosistemas que estén dañados y garantizar su gestión sostenible.
La piedra angular de este plan podría ser una propuesta legislativa, que establezca objetivos de restauración de la Naturaleza jurídicamente vinculantes a nivel comunitario, entre los que se incluiría también la restauración del suelo, en el marco de la Estrategia para la Biodiversidad 2030, incluida en el Pacto Verde Europeo (“Green Deal”).
A pesar de ello, desde ámbitos ambientalistas se acusa a la Comisión Europea de carecer de ambición suficiente para abordar este problema. En la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB) consideran que la Comisión está perdiendo otra oportunidad para comprometerse con una nueva legislación que aborde la contaminación y la sobreexplotación del suelo.
Para el director gerente y responsable de políticas de la EEB para la Agricultura, Bérénice Dupeux, “lo que Europa necesita es un marco legal independiente para proteger al suelo, similar al que ya existe para la calidad del agua y del aire, como única forma de reducir la contaminación y de garantizar que nuestro suelo sea capaz de producir alimentos saludables y libres de sustancias nocivas.”
Desde el COPA-Cogeca, en defensa de los intereses de los profesionales agrarios europeos y de sus cooperativas, se observa en relación a la obligada protección de los suelos que “debemos mantener el potencial de crecimiento de las tierras de cultivo y los bosques, y evitar el abandono de los suelos fértiles cultivados, que son la base de la seguridad alimentaria, constituyen un suministro de materias primas renovables y son importantes para el mantenimiento de la biodiversidad.”
Y, en este sentido, apuesta por que “dado que las medidas de protección del suelo más eficaces son de proximidad y dependen de las condiciones edafoclimáticas (del suelo y del clima), la experiencia y los análisis de proximidad del suelo son cruciales para adaptarse a las prácticas de gestión más adecuadas.”
Agricultura del carbono
La relación entre el suelo y el clima es algo muy determinante en las políticas europeas que persiguen una mayor ambición ambiental. Es más, la presentación, prevista para mediados de julio, del paquete de ajuste al objetivo de reducción de las emisiones en un 55% para el año 2030, incluirá propuestas de revisión sobre el uso de las tierras, el cambio uso de las tierras y la silvicultura, y la revisión del reglamento sobre el reparto del esfuerzo.
Para finales de este año, la CE prevé también lanzar un plan de acción europeo sobre la denominada “agricultura del carbono”, con la publicación de la Comunicación “Restablecer ciclos de carbono sostenibles” y de una estrategia sobre la captura de carbono.
En el primer trimestre de 2022 está previsto celebrar una conferencia sobre la agricultura descarbonizada y la certificación del carbono y ya, en 2023, se pondría sobre la mesa un sistema de certificación de las absorciones de carbono, en el que la correcta gestión del suelo tendrá mucho que decir por su papel de sumidero, de captura y retención de CO2 en el cumplimiento de los objetivos de neutralidad climática de la UE en 2050.
En su resolución, la Eurocámara señala que la captura de carbono en suelos agrícolas puede reportar múltiples beneficios: mitigación del cambio climático, mejora de la resiliencia y de la capacidad de producción del suelo; mayor biodiversidad y reducción de la pérdida de nutrientes por escorrentía, etc., por lo que pide a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por que el papel multifuncional de este insumo y su salud se investigue de forma adecuada y con financiación específica y suficiente.
Y así, pide reforzar el papel y la financiación del Observatorio Europeo del Suelo y del Centro Europeo de Datos sobre el Suelo, y apoya también la misión del programa Horizonte denominada “Cuidar de los suelos es cuidar de la vida”, cuyo objetico es garantizar que el 75% de los suelos estén sanos de aquí a 2030, en beneficio de una alimentación, una Naturaleza y un clima sanos.
Bruselas considera que la actividad agrícola europea tiene potencial para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) distintos al dióxido de carbono (CO2), es decir, del metano y del óxido de nitrógeno, en un 20% para 2035, con prácticas como el uso eficiente de los abonos, la agricultura y la ganadería de precisión, unos rebaños de rumiantes sanos, y en la innovación y mejora de la digestión anaerobia (biometanización o producción de biogás mediante un proceso biológico en ausencia de oxígeno).
La PAC y el suelo
En la resolución europarlamentaria se considera también que la nueva Política Agraria Común (PAC) debe proporcionar las condiciones necesarias para salvaguardar a la vez la productividad y los servicios ecosistémicos de los suelos. Y anima a los Estados miembros a introducir medidas coherentes de protección del suelo en sus planes estratégicos y a garantizar un amplio uso de prácticas agronómicas basadas en la agroecología (algo que se contempla ya los eco-esquemas y las medidas de condicionalidad reforzada).
También pide a la Comisión que analice, antes de su aprobación, si los planes estratégicos nacionales de la PAC garantizan un elevado nivel de protección del suelo y promueva acciones de regeneración de los suelos agrícolas degradados, así como medidas para promover prácticas de laboreo menos intensivas, que provoquen una perturbación mínima del suelo (laboreo mínimo), la agricultura ecológica y el uso de adiciones de materia orgánica al suelo (fertilización más sostenible).
Además, demanda que se apliquen estrictamente las buenas prácticas de cría de animales en la ganadería, con el fin de reducir de forma significativa los medicamentos veterinarios y su propagación en los campos a través del estiércol, así como la Directiva sobre los nitratos.
Por último, el PE insta a la Comisión que aborde la contaminación difusa derivada de las actividades agrícolas, en consonancia con los objetivos “De la granja a la mesa”, entre los cuales se incluye un uso sostenible de los plaguicidas de síntesis, utilizando en mayor grado alternativas ya existentes, como la gestión integrada de plagas (GIP).
Según datos de la Comisión, se estima que en la Unión Europea existen unos 2,8 millones de terrenos que están potencialmente contaminados, de los cuales se espera que 390.000 requieran medidas para su rehabilitación.
