Los consumidores dan prioridad a aquellas entidades que velan por el desarrollo consciente de su entorno, y más cuando se trata de empresas agroalimentarias. La conciencia social sobre el origen de los productos, el efecto del cultivo sobre la huella de carbono o los materiales de los que están fabricados los embalajes son factores decisivos a la hora de hacer la compra. También se premian otros intangibles, como el tipo de energía que se emplea para la fabricación o el gasto de recursos hídricos en el proceso de producción.

Además, la política ya sea europea, nacional o andaluza tiende a apostar por el medio ambiente. Un claro carácter verde que también estampan en sus convocatorias de ayudas. No hay más que fijarse en los planteamientos de Bruselas sobre el próximo marco normativo de la Política Agraria Común y las estrategias complementarias ‘De la granja a la mesa’ y de la ‘Biodiversidad para 2030’.

Con estas dos realidades sobre la mesa, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía se ha preguntado cómo y cuánto son de sostenibles sus 659 entidades federadas. Una cuestión que trata de resolver a través del proyecto ‘Intermediación experta en los procesos de transformación de cooperativas mediante la mejora de su sostenibilidad integral’, dentro de la línea 3 para el Fomento del Emprendimiento Social del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que financia la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

La federación ha analizado el grado de sostenibilidad integral de una docena de cooperativas andaluzas. A través de una herramienta de autoevaluación –bautizada como eSIAB-, los técnicos de la organización han realizado un cuestionario con un centenar de preguntas sobre materia social, medioambiental y económica de la cooperativa. Una vez analizado los resultados, los servicios técnicos de la federación remiten a cada cooperativa un informe personalizado con medidas sobre sostenibilidad para implementarlas en su estrategia de negocio.

EXPERIENCIAS

Las cooperativas San Isidro Labrador y San Marcos, de Canena (Jaén), han sido dos de las doce participantes en el proyecto. A lo largo de su historia, estas entidades han incorporado a su filosofía y a su estrategia empresarial medidas que han mejorado su grado de sostenibilidad. Una de las más importantes en ambos casos fue la apuesta por el modelo de producción integrada, que restringe el uso de fitosanitarios y fomenta la protección y mejora del entorno.

Tras una fuerte inversión para adaptar sus instalaciones, San Isidro Labrador obtuvo su certificación en 2016. Gracias a esta apuesta, “la cooperativa se beneficia de obtener un aceite de calidad y libre de pesticidas”, explica María Regina Valverde, responsable de Administración de la entidad. Además, gracias a la maquinaria más eficiente han conseguido ahorrar en torno a un 20% de su gasto energético.

En el caso de San Marcos, trabajar bajo el sistema de producción integrada desde el año 2015 le da “la tranquilidad de mantener un seguimiento pormenorizado de las parcelas, las plagas y abonados, así como del uso de fitosanitarios”, comenta su gerente, Manuel García.