«Hay agricultores que están cobrando las ayudas agrícolas de la PAC de forma fraudulenta». Un anónimo en el que se apuntaba a una estafa a gran escala en el cobro de las ayudas de la PAC ha provocado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía europea, según recoge Beatri Parera en elconfidencial.com.

Según este medio, en el foco de las diligencias se encuentra una organización criminal liderada por un funcionario que estafó a la Unión Europea desde 2018 para ingresar cantidades procedentes de este subsidio. Por el momento, se ha acreditado que al menos una de las empresas investigadas se embolsó mediante engaños 100.000 euros. Pese a ello, fuentes del caso insisten en que solo es la punta del iceberg.

Según la documentación consultada por El Confidencial, la carta anónima llegó a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Ciudad Real e incluía dos datos clave: el nombre de una persona y el de una empresa.

Tras tirar del hilo, descubrieron que el sospechoso había trabajado para la Administración en varias comunidades autónomas y había pedido ayudas de la PAC en tres ejercicios distintos a través de una empresa agrícola que presentaba irregularidades: la sociedad experimentó «un crecimiento desorbitado» y fue aumentando en hectáreas, recintos y subvención solicitada, pasando así de tener acceso a poco más de 2.000 euros a 40.000 en 2020.

BUSCABAN PARCELAS NO DECLARADAS PARA VINCULARLAS A SU PETICIÓN DE SUBSIDIO DE FORMA FICTICIA

La sospecha de los investigadores es que el sistema se replicó con otras compañías con objetos sociales vinculados a la agricultura. Desde ingeniería ambiental hasta viveros, obras y explotaciones agrarias. La Guardia Civil presentó una denuncia con sus hallazgos y el Ministerio Público abrió diligencias el pasado 18 de mayo.

La base de operaciones se sitúa en Murcia. Con estas empresas, los investigados compraban derechos de pago del sistema de ayudas, aquellos que tienen el agricultor o ganadero y están ligados a una superficie en la que realizan su actividad. Luego buscaban parcelas no declaradas para vincularlas a su petición de subsidio de forma ficticia y empleaban la información conseguida para reclamar las ayudas.

Los terrenos y recintos no eran de su propiedad ni tenían un arrendamiento, o si lo tenían era falso. Tampoco se había cedido el uso ni fueron trabajadas por ninguna de las personas del entramado. Las empresas con base en Murcia operaban además en diversas provincias como Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Madrid, lo que les permitió terminar abarcando todo el territorio nacional.

Para el fraude, la figura del funcionario fue fundamental. La organización necesitaba a alguien que tuviera acceso a la base de datos oficiales —la aplicación Sistema Gestión Ayudas (SGA)— para poder hacer el cotejo. Acto seguido, incluían los terrenos que habían duplicado en expedientes sin derechos para chequeo y el resto hacia expedientes propios o de terceros a los que cobraban un porcentaje. La Fiscalía y la Guardia Civil calculan que medio centenar de agricultores y 22 empresas están implicados.