La regulación del Gállego y los reveses judiciales que ha sufrido el proyecto del pantano de Biscarrués y que se ciernen sobre el de Almudévar han centrado esta tarde una nueva reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Pacto del Agua, que se ha celebrado en el Palacio de la Aljafería. Copresidida por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Isabel García Tejerina, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha contado con la participación de representantes del Gobierno central y del autonómico, así como diputados de los siete partidos con presencia en el parlamento autonómico.

Tras el encuentro, el primero de esta novena legislatura, han comparecido ante los medios de medios de comunicación para dar cuenta de la sesión, la presidenta Barba y la ministra García Tejerina. Barba ha agradecido que los distintos grupos parlamentarios hayan podido al fin trasladar directamente a la ministra sus distintas sensibilidades y prioridades sobre el Pacto del Agua, un documento aprobado en 1992 y que requiere, según ha dicho, ser “revisado desde el diálogo y la participación de todos”.

Especialmente, tras los últimos varapalos judiciales, con la anulación por parte de la Audiencia Nacional del proyecto de Biscarrués ante la falta de estudios ambientales y el recurso anunciado por la carencia de un plan de restitución para el pantano de Almudévar, cuyas obras acaban de arrancar.

En este sentido, la presidenta ha abogado por crear “entre todos, una nueva política del agua”, porque en estos 26 años, “Aragón ha cambiado, nuestra sociedad, nuestro territorio e incluso los consensos y la misma naturaleza ha cambiado”. Para ello, ha hecho un llamamiento a “reforzar el diálogo”, y ha instado a tener bien presentes “los criterios medioambientales” y otras soluciones como la “mejora y modernización de canales y sistemas de riego”.

En este punto, ha recordado cómo aquellos proyectos, como las balsas del Matarraña, en los que “realmente se dio voz y participación al territorio y a todos los afectados” son ya una realidad que ha logrado aunar distintos intereses y sensibilidades. “Busquemos alternativas que aporten soluciones a las legítimas reivindicaciones de recursos –ha concluido- pero manteniendo nuestros ríos vivos y garantizando siempre la vida en el territorio”.

Por su parte, la ministra ha asegurado “el compromiso” del Gobierno de España con un Pacto del Agua, que avanza, según ha dicho, “a buen ritmo”, con una inversión de 400 millones en los últimos seis años, y ha dado cuenta del estado de las distintas obras. Así, ha anunciado que se está trabajando ya en el estudio de impacto ambiental para Biscarrués y en un plan de restitución vinculado a Almudévar y que, tras terminar grandes presas como San Salvador, Valdepatao y Las Parras, está próximo el inicio de Santolea. Además, ha destacado el “importante impulso” dado a proyectos como el de Yesa y Mularroya.

En la comisión mixta de seguimiento –que se reunirá a partir de ahora cada seis meses, según se ha acordado- han participado, por parte de los grupos parlamentarios, Mar Vaquero (PP); Javier Sada (PSOE), Marta de Santos (Podemos), Arturo Aliaga (PAR), Jesús Sansó (Ciudadanos), Patricia Luquin (IU) y Gregorio Briz (CHA). También han asistido los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén, y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, así como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente, y el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde.