Además, se han realizado dos registros en la sede nacional de esta organización en Madrid y en la regional de Andalucía.

Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes del sindicato en Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña, ha informado la Policía.

La operación se ha desarrollado en el marco de un procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea y bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional.

SE INVESTIGA LA JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS MEDIANTE UN SOFISTICADO SISTEMA DE IMITACIÓN DE FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS

Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.

El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional reveló la presunta existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante un sofisticado sistema de imitación de firmas en los documentos.

Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla que, posteriormente, remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación, y a raíz de una denuncia contra el sindicato agrario.

En la denuncia sobre el presunto fraude de ayudas europeas se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas cuya ejecución se encontraba subvencionada.

Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020.

La complejidad de la operación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.