Así lo avanzaba el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado viernes en la clausura del XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, en León, donde aseguró que el Gobierno apuesta por el regadío sostenible, clave para el futuro del sector agroalimentario y para propiciar el necesario relevo generacional, entre 2022 y 2027 se llevará a cabo la mayor inversión pública destinada a la modernización de regadíos, con un total de 2.137 millones de euros, cifra que triplica la media anual invertida en las dos primeras décadas de este siglo.

Planas destacaba que, si la inversión media anual entre 2000 y 2021 ha sido de 133 millones de euros, entre 2022 y 2027 va a elevarse hasta 425 millones de euros, unos fondos que pretenden generar la necesaria transformación del modelo de producción agrario, con la aplicación de las nuevas tecnologías, de la digitalización y de la innovación para lograr una mejor gestión de los recursos hídricos, cada vez más escasos, pero también para atraer a los jóvenes a una producción sostenible, rentable y con proyección de futuro, en un mercado cada vez más competitivo.

Modernización de regadíos

En este sentido, el ministro hacía hincapié en que “es necesario alcanzar la sostenibilidad competitiva para dar respuesta a los retos que plantea el siglo XXI, producir más con menos recursos y garantizar la continuidad de producciones estables, rentables y competitivas”, añadiendo que la coherencia entre política agraria e hidrológica es total, y que el Gobierno está comprometido con el regadío sostenible porque multiplica por seis la productividad agrícola, aumenta hasta cuatro veces la renta de los agricultores y genera tres veces más de empleo.

“Estamos ante una oportunidad única para acometer la necesaria adaptación de las producciones agrarias al cambio climático. La financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), las aportaciones a través de los planes con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), así como las aportaciones del Estado generarán esta inversión público-privada sin precedentes de 2.137 millones de euros en seis años”.