En el documento consensuado aboga por una PAC después de 2020 con suficiente presupuesto, más equitativa y justa y que supere los desequilibrios entre territorios.

También, que se oriente a la producción de alimentos, a los profesionales del campo, a generar empleo y actividad, y que continúe siendo una política eminentemente común, rechazando cualquier posible renacionalización. Además, se defiende un tope máximo de ayuda por explotación de 60.000 euros, precisamente para beneficiar a las pequeñas explotaciones, y que las ayudas directas se destinen a los agricultores genuinos, es decir, profesionales.

En este mismo sentido, desde la cornisa cantábrica se demanda una discriminación positiva para las zonas de montaña y con limitaciones naturales, habida cuenta de los condicionantes que imponen la orografía y el minifundismo en éste área geográfica. Asimismo, se pide un refuerzo de las políticas orientadas al relevo generacional y a la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural. Las cuatro comunidades solicitan que se mantengan las ayudas asociadas a sectores productivos como la ganadería de leche o carne y que se recupere el equilibrio entre las aportaciones nacionales del Estado y de las comunidades autónomas en la financiación del tramo nacional de los programas de desarrollo rural.

En este contexto se pretende también que la nueva PAC se convierta en un instrumento para la transformación del campo en un territorio más vivo, con proyecto propio, integrado y solidario con todos sus residentes.