El pasado 13 de diciembre la Comisión Europea (CE) avanzaba que, tras la adopción por el Consejo de Ministros de Agricultura y el Parlamento Europeo de la parte correspondiente a la agricultura y el desarrollo rural del llamado Reglamento Ómnibus, a partir de 2018 se producirá una serie de “mejoras de gran calado de la normativa agraria de la Unión Europea (UE)”.

Dicho Reglamento modifica el Reglamento Financiero por el que se rige la ejecución del presupuesto de la UE, así como otros quince actos legislativos referidos a diferentes sectores, incluido el de la agricultura.

El Reglamento Ómnibus “simplifica y refuerza las actuales normas de la UE sobre un amplio abanico de cuestiones del ámbito agrario, desde la gestión de riesgos hasta el apoyo a los jóvenes agricultores, y es el último de una serie de medidas de simplificación y modernización aplicadas por la Comisión”, explicaban desde la CE.

El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, destacaba sobre todo “la simplificación de las normas de los instrumentos financieros, la mejora de los instrumentos de gestión de riesgos y una mayor flexibilidad de las disposiciones sobre la condición de agricultor activo“.

Entre las “mejoras sustanciales” que entraron ayer en vigor, la CE citaba las siguientes:

1-Los agricultores ven reforzada su posición en la cadena agroalimentaria. Las nuevas normas van a incluir cláusulas de reparto del valor que negociará cada sector de producción y otorgan por primera vez a los agricultores el derecho a exigir un contrato escrito (a menos que las transacciones sean con pymes).

2-Se introducen instrumentos más sencillos de gestión de riesgos para ayudar a los agricultores, lo que incluye un instrumento de estabilización de los ingresos específico para cada sector, así como mejoras en los regímenes de seguros que permitirán que los agricultores cuya producción o ingresos experimenten una reducción de al menos un 20 % reciban una indemnización de hasta el 70 %.

3-Se establecen normas más claras en lo que respecta a la intervención en los mercados, gracias a lo cual la Comisión va a poder actuar rápidamente para contrarrestar las disfunciones del mercado, sin tener que recurrir a medidas de intervención pública o de almacenamiento privado.

4-Los Estados miembros dispondrán de mayor flexibilidad para prestar apoyo a sectores específicos de importancia económica, social o medioambiental a través de la ayuda asociada voluntaria, incluso si tales sectores no están en crisis.

5-Se fijan normas más claras en materia de ayuda a los agricultores, en particular mediante una definición más flexible de lo que se considera agricultor activo y unos incentivos más sustanciales para los jóvenes agricultores, pues los pagos adicionales se incrementan del 25 % al 50 % y se garantiza a todos los jóvenes agricultores el derecho a disfrutar del subsidio completo de cinco años para esos pagos, con independencia del momento en que los hayan solicitado dentro de los cinco primeros años de su establecimiento.

6-Se mejoran las medidas medioambientales, con la simplificación de las normas sobre diversificación de cultivos y la incorporación de tres nuevos tipos de superficies de interés ecológico centrados en los cultivos fijadores de nitrógeno, de modo que los agricultores y las autoridades nacionales disponen de más opciones a las que acogerse en función de sus circunstancias particulares.

España no modifica la figura del “agricultor activo”
El Gobierno español, tras consultar al sector y a las comunidades autónomas, ha decidido no modificar la figura de “agricultor activo”, un requisito que tienen que cumplir los productores y ganaderos para poder solicitar cada año los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC).

Así se desprende del borrador final -al que tuvo acceso Efeagro el pasado 15 de diciembre– del real decreto para modificar el ya existente 1075/2014 y que traspone parte de la reforma intermedia de la PAC aprobada a través del Reglamento Ómnibus -que entró en vigor el 1 de enero de 2018-, ya que no hace ninguna referencia en su articulado a esa figura.

Un agricultor recoge aceite. Foto: José Manuel Pedrosa
El Reglamento Ómnibus supone una simplificación de la PAC. Imagen de un agricultor. Foto: EFE ARCHIVO/ JMP

En la actualidad, para ser considerado agricultor activo el solicitante de las ayudas debe acreditar que, al menos, el 20 % de sus ingresos agrarios totales son distintos de los pagos directos de la PAC.

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se han mostrado públicamente a favor de la continuidad de la definición actual, ante la flexibilidad en su enunciado introducida por Bruselas con la aprobación del capítulo agrícola en el marco financiero plurianual.

En concreto, el Reglamento Ómnibus permite a partir de 2018 permite que la consideración de un productor o ganadero como “agricultor activo” sea modificada por parte de cada Estado miembro.

Pastos permanentes y jóvenes agricultores
El texto del borrador se centraba en la ampliación del espectro de los pastos permanentes, las superficies de interés ecológico y el aumento de las ayudas a los jóvenes agricultores.

Desde Asaja, su director de relaciones internacionales, Ignacio López, ha calificado de “bastante interesante” que las medidas de la superficie de interés ecológico dedicada a cultivos que capten nitrógeno se unifican con el resto, a efectos de coeficiente de ponderación.

Como ejemplo ha apuntado que una hectárea de leguminosa computada como 0,7 hectáreas de barbecho ahora se equipara una a una, lo que hace más sencillo para el agricultor el cálculo de la superficie a la hora de hacer las prácticas agrícolas que tenía programadas.

Para el director técnico de COAG, José Luis Miguel, “quizá lo más sustancioso” del texto será lo relativo a las ayudas a “los agricultores jóvenes, que a partir de ahora podrán recibir un pago directo más elevado dentro de su primera instalación”.

Según Miguel, se duplica la ayuda del 25 % al 50 % del valor de los derechos de pago básico del joven agricultor, y se flexibiliza su percepción, ya que se podrá recibir durante cinco años consecutivos desde la primera solicitud.

La vicepresidenta general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha explicado a Efeagro que el nuevo real decreto modifica la definición de pastos permanentes para que se puedan considerar elegibles los pastos arbustivos y arbolados de las zonas mediterráneas, “un logro importante para el sector ganadero español; aquí las vacas pastan debajo de los árboles y parece que la CE ya lo ha entendido”.

Considera “muy mala noticia” la flexibilización en la definición de “agricultor activo” -porque “puede indicar la tendencia en futuras reformas”-, pero cree positivo que el Ómnibus posibilite condicionarla a un registro nacional bien fiscal o de la Seguridad Social.

El borrador también incluyen nuevos tipos de superficies de interés ecológico, como las superficies con Miscanthus, Silphium perfoliatum y las tierras en barbecho para plantas melíferas.

Tres nuevas medidas para la gestión de crisis hortofrutícolas
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), aprovechó la reunión del 15 de noviembre de 2017 con los representantes del sector de la fruta dulce para anunciar las novedades del reglamento Ómnibus para el sector hortofrutícolas.

En concreto, el subdirector general de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura del Mapama, Ignacio Atance, se refirió a la inclusión de tres nuevas medidas de prevención y gestión de crisis, en el marco de los programas operativos de las organizaciones de productores. Dichas medidas son el coaching o asesoramiento a productores individuales o a otras organizaciones de productores o sus asociaciones, la reposición de fondos mutuales constituidos y la diversificación de mercados.