Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

Hay una serie de evidencias que conviene tener en claro. Como, por ejemplo, el hecho de que los seres humanos y los animales, e incluso otros seres vivos como las plantas, tengamos que alimentarnos todos los días, lleva a una actividad, como es la de producir alimentos o conseguir nutrientes, a consumir inevitablemente  energía y, por ende, a emitir determinados gases, algunos de los cuales tienen un efecto perjudicial para la atmósfera.

Lo que denominamos “huella de carbono”, es la “pisada” que dejamos al realizar una actividad necesaria e ineludible para continuar viviendo en el Planeta, expresando en términos de dióxido de carbono (CO2) equivalentes la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que emitimos en la elaboración de un producto o en la realización de un servicio.

Recientemente, la Real Academia de Ingeniería presentó un profuso e interesante estudio titulado “Emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono de la alimentación en  España”, elaborado por un equipo multidisciplinar de investigación, cuyo objetivo es precisamente contribuir a cuantificar las emisiones, pero también las absorciones de GEI de todo el sistema agroalimentario español, en cada una de sus etapas y en el conjunto del mismo, para identificar mejor las fuentes de emisiones contaminantes y su evolución en el tiempo.

La PAC 2023-2027 que está definiendo el MAPA en su Plan Estratégico incluirá medidas para que esa contribución sea equilibrada y sirva para valorizar la actividad agrícola y ganadera en el marco de los objetivos de la “arquitectura verde” para la protección sostenible del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático en la Unión Europea, con el compromiso de mantener, a la vez, la rentabilidad económica de las explotaciones.

En este estudio se recalca que la alimentación, vista como un sistema conjunto y de forma integral, es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, incluyendo la emisión de GEI. Sumando todas las fases de actividad relacionadas del sistema agroalimentario (desde la producción, procesado o transformación, hasta la distribución y consumo de alimentos) se estima que éstas son responsables del 27% de las emisiones antropogénicas de GEI a nivel mundial, lo que dice mucho también de la relevancia que tiene la alimentación para contribuir a mitigar este cambio climático.

Las transformaciones ocurridas en las distintas fases de la cadena agroalimentaria y en distintas etapas históricas tienen un impacto sobre las emisiones de GEI que, hasta la fecha, no había sido estudiado en España. Esta es la tarea en las que los expertos abordan el trabajo publicado por la Real Academia de Ingeniería, en el que se estima la “huella de carbono” del sistema agroalimentario y de la alimentación de la población residente en nuestro país.

Ciclo de la vida

En el mismo se contabiliza de manera pormenorizada las emisiones GEI que se generan no solo en los campos de cultivo y granjas, sino también las que ocurren tanto “aguas arriba” de la explotación  (por ejemplo, en la fabricación de insumos agrícolas, como los fertilizantes, en la producción de electricidad, o en la producción de materias primas importadas para la fabricación de piensos -y la deforestación asociada-), como “aguas abajo” (emisiones indirectas de óxido nitroso -N2O-, o las debidas al procesado, distribución, comercialización y cocinado de alimentos, así como de la gestión de los residuos de alimentos.

Para ello, los investigadores han empleado como metodología el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), que cuenta con un amplio respaldo científico y, además, con una dimensión histórica, que cubre todo el proceso de industrialización de la agricultura y del sistema agroalimentario español, en la que se consideran 3 cortes temporales para el análisis de las emisiones GEI del sistema agroalimentario en su  conjunto: 1960, 1985 y 2010, y cuatro cortes para la producción de cultivos: 1900, 1960 y 1990 y 2016.

Sin entrar en más detalles, que pueden consultarse en el estudio adjunto,  los resultados de este trabajo dejan constancia de que la “huella” total de carbono de la alimentación en España, desde la producción de insumos a la gestión de residuos alimentarios, se ha multiplicado por 3,9 en términos globales y por 2,5 en términos “per cápita” entre 1960 y 2010, pasando de 1,5 a 3,6 toneladas de CO2 equivalente “per cápita” al año.

En el caso de la producción vegetal, durante el periodo de más de un siglo analizado, las emisiones GEI se multiplicaron por 5, pasando de 7 a 38 millones de toneladas anuales de CO2 eq., dominando en la actualidad las emisiones de la tracción mecánica, la energía y el CH4 (metano) de los embalses de riego, la producción de fertilizantes y el N2O (óxido nitroso) liberado en suelos agrícolas fertilizados.

Aunque la industrialización agraria conllevó también un aumento de la productividad, que supuso una reducción de la “huella de carbono” por unidad de producto en la mayoría de los cultivos a partir de 1990, por lo general estas emisiones siguen por encima de los niveles preindustriales.

En cuanto a la producción ganadera, el estudio constata que sus emisiones GEI se incrementaron en un orden de magnitud respecto a los niveles de principios del siglo XX, pasando de 8 a 75 millones de toneladas anuales de CO2 eq., y de un balance dominado por el metano entérico a otro, en el que, además de estas emisiones, tiene gran peso el manejo del estiércol (sobre todo purines) y, especialmente, la producción de piensos, tanto locales, como importados, estos últimos asociados a importantes emisiones por deforestación.

En relación a la producción de los alimentos que consumimos en nuestro país (considerando el turismo neto y descontando la exportación), la mayor parte de las emisiones GEI están asociadas a alimentos de origen animal (81% del total), entre los que destacan la carne de porcino y vacuno, la leche y el pescado, que representan 1,6 toneladas de CO2 eq. “per cápita al año, frente a los 0,4 toneladas asociadas a alimentos de origen vegetal (19%).

Las fases de la cadena agroalimentaria, posteriores a la producción agropecuaria, pasaron a contribuir del 18% al 43% del total de las emisiones GEI, asociadas al sistema agroalimentario español entre 1960 y 2010,  destacando la gestión de residuos y el transporte.

Más investigación

Con todo, se reconoce que es necesario investigar mucho más para caracterizar la amplia diversidad de sistemas productivos existentes en España y su evolución más reciente, así como para mejorar las estimaciones en las distintas fases de la cadena productiva. En concreto, se ve necesario profundizar en la estimación de las emisiones GEI de la ganadería, por su relevancia en la “huella” final de la alimentación y por la alta incertidumbre asociada a algunos de los componentes de su balance de emisiones, incluyendo el secuestro de carbono en sistemas de pastoreo y las emisiones asociadas a los productos importados.

También constatan que actualmente existe un gran potencial de mitigación en el sistema agroalimentario español, mediante cambios  en el manejo de los agroecosistemas y en el resto de los eslabones de la cadena, incluyendo la reducción en el desperdicio de alimentos  (el MAPA prevé presentar un proyecto de ley sobre este problema, con el propósito de recortarlo a la mitad  en 2030) y cambios en los hábitos de consumo hacia patrones más sostenibles y saludables.

De especial interés se considera que estos cambios no solo supongan una disminución de las emisiones GEI asociadas a la alimentación, sino que incrementen la capacidad de adaptación del sector agroalimentario a los escenarios de cambio climático y escasez de recursos que se prevén en nuestro país, concluye el estudio.

Una visión más completa del sistema agroalimentario requeriría, por un lado, complementar el trabajo presentado, centrado principalmente en cuantificar las emisiones GEI, con análisis adicionales que consideren más aspectos ambientales y también de tipo socio-económico, donde las posibles medidas de mitigación sean también evaluadas desde el prisma del proceso más amplio de cambio radical y agotamiento de recursos, así como de las necesidades específicas de la población rural, o la generación de valor y la contribución al funcionamiento de la economía nacional.