En respuesta a una pregunta parlamentaria en el Senado, el ministro ha explicado que la convivencia entre la ganadería extensiva y el lobo siempre ha resultado difícil, antes y después de la inclusión de éste en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRES), pero ahora se disponen de más apoyos. Ha citado, entre otros, la financiación de cercados y perros de pastoreo y protección con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), las indemnizaciones con cargo a los seguros agrarios y la disposición de un fondo de 20 millones de euros creado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para complementar éstas.

Luis Planas ha enfatizado el importante papel que desempeña la ganadería extensiva, por su producción en términos económicos, y también por sus efectos en términos social, territorial y ambiental en el medio rural. Por ello ha asegurado que el Gobierno ha incrementado en 35 millones de euros anuales las ayudas que va a recibir de la nueva Política Agraria Común (PAC), en la que se incluye además un ecorregimen específico para el pastoreo extensivo. Además, ha recordado el aumento en 60 millones de euros de la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios.

El ministro ha señalado que el ataque de un lobo para un ganadero no significa solo un daño material, sino también moral, y ha pedido que esta materia se aparte de la confrontación política entre partidos y que todas las cuestiones se resuelvan en el marco del pacto suscrito entre todas comunidades para el programa de gestión y conservación del lobo.

Sector agrario y pesquero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el presupuesto consolidado del ministerio asciende a 8.970,13 millones de euros, unas cantidades adecuadas para adoptar aquellas medidas que contribuyan a consolidar la sostenibilidad, competitividad y la rentabilidad del sector agrario y pesquero. Unas cifras que ayudarán al sector a hacer frente a las situaciones coyunturales climáticas y las derivadas del actual contexto internacional -con una guerra en Europa-, al tiempo que apoyarán la transformación de su estructura productiva y garantizarán así la seguridad alimentaria de la ciudadanía.

Planas ha comparecido hoy en el pleno del Congreso de los Diputados para exponer las principales partidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que tienen como principales objetivos ayudar al sector agroalimentario y pesquero en sus procesos de transformación y adaptación a los retos de la digitalización y del cambio climático, así como propiciar el relevo generacional y a incorporación de las mujeres a la actividad agraria.

El ministro ha indicado que el presupuesto de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación asciende a 8.407,5 millones de euros. En este ámbito, ha recordado que 2023 será el primer año de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), que va a permitir dar continuidad al principal instrumento de apoyo a la renta de los agricultores, ahora bajo la denominación de Ayuda Básica a la Renta, con un volumen de pagos de 2.940 millones de euros anuales. A ello se sumarán los fondos destinados a incentivar los ecorregímenes -dotados con 1.100 millones de euros-, las ayudas asociadas a determinados sectores -675 millones de euros-, el fomento del relevo generacional -220 millones de euros-, y la financiación de programas sectoriales -582 millones de euros-.

Esta PAC además de poner el acento en lograr una verdadera incorporación de jóvenes a la actividad agraria, apuesta por afianzar el papel de la mujer en la actividad agraria, que contará con un presupuesto de 2,45 millones de euros. Además, para los jóvenes hay otro programa, “Cultiva”, de intercambio de experiencias en explotaciones agrarias, dotado con 1,8 millones de euros y que está siendo un éxito entre las organizaciones agrarias.

En este marco, ha valorado la ley de la cadena como una herramienta indispensable para garantizar unas relaciones más justas y equilibradas en el conjunto del sector agroalimentario, en especial para que agricultores y ganaderos tengan mayor poder de negociación. Para facilitar una aplicación efectiva de esta ley, con todos los medios posibles, los presupuestos asignan a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) 9,3 millones de euros.

Asimismo, el ministro ha hecho una mención especial al esfuerzo del Gobierno en materia de modernización de regadíos. Además de las importantes dotaciones iniciales del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 563 millones de euros en 2021 y 2022, las inversiones en regadío en 2023 van a contar con 364,75 millones de euros adicionales, procedentes tanto de la adenda al PRTR, y la absorción por el ministerio de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de otros componentes y de fondos presupuestarios propios. El ministro ha recalcado que, hasta 2027, el Gobierno habrá impulsado la mayor inversión en modernización de regadíos de la historia reciente, con más de 2.100 millones de euros.

De igual forma, ha asegurado que los seguros agrarios constituyen una de las principales políticas presupuestarias del ministerio. En 2023, el presupuesto para esta política es de 317,73 millones de euros, lo que supone un aumento de 60 millones respecto a lo aprobado inicialmente para 2022, lo que supone la cantidad más elevada dedicada al seguro agrario en toda su historia.

Por otra parte, el presupuesto destinado a la Secretaría General de Pesca asciende a 110 millones de euros, adecuado para que el sector pesquero pueda afrontar los retos de la sostenibilidad basada en el mejor conocimiento científico e impulsar su rentabilidad, basada en la innovación y la búsqueda de mayor valor añadido.

El ministro ha apuntado que, con estos objetivos, los presupuestos van a incidir en la inversión en ciencia y la obtención de datos, el fomento del asociacionismo, el fortalecimiento de la cadena de valor, a través de las organizaciones de productores, y la lucha contra la pesca ilegal.

Según ha subrayado, los presupuestos del ministerio están diseñados para conseguir un sector pesquero competitivo, que solo será posible si se cuenta con unos océanos sanos y productivos.