El objetivo de la nueva norma es "proveer al sector de un soporte que facilite el cálculo, el seguimiento y la notificación de las emisiones de cada granja, para monitorizar el alcance de las mismas y el uso eficiente de los recursos naturales", según el proyecto.

En este sentido, ha recordado que ya en un Real Decreto anterior (de febrero de 2020) estableció las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas, incorporando "un programa de reducción de emisiones aplicable a todas las granjas a partir de una dimensión media".

Para poder controlar estos progresos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desarrollado en coordinación con Transición Ecológica y Reto Demográfico un sistema informatizado que permite estimar las emisiones de este tipo de instalaciones y transmitirlas a las autoridades.

El sistema tiene en cuenta "las técnicas y procedimientos utilizados en la alimentación de los animales, el diseño y el manejo de los alojamientos, así como el almacenamiento y la gestión de los estiércoles y purines" para hacer sus cálculos sobre emisiones de amoníaco, metano y óxidos de nitrógeno.

El Real Decreto sacado ahora a participación pública también fija "las obligaciones de los titulares de las granjas, la información que debe proporcionar cada una de ellas y las obligaciones medioambientales" de sus propietarios.

El plazo para presentar alegaciones y sugerencias al proyecto comienza el 30 de julio y finaliza el 10 de septiembre de 2021.