El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) ha asegurado el jueves 9 de mayo que detrás de todas las autorizaciones excepcionales concedidas por España hay una "sólida justificación técnica y agronómica".

De esta forma el Ministerio responde a un informe presentado por Ecologistas en Acción, en el que se denuncia que “diferentes autoridades españolas han permitido de forma repetitiva la utilización de pesticidas tóxicos prohibidos”.

El informe de Ecologistas en Acción, llamado “Autorizaciones de pesticidas prohibidos”, cifra en 38 las autorizaciones otorgadas, solo entre abril y julio de 2018 y 365 entre 2013 y 2017, acusando a las autoridades de conceder autorizaciones excepcionales para usar plaguicidas prohibidos antes de que se produjeran plagas y sin aportar datos científicos.

Por su parte el Ministerio de Agricultura asegura en un escrito que la solicitudes de autorización excepcional en España las cursan las comunidades autónomas, que deben además aportar toda la documentación técnica que las avale. Tanto “a la hora de solicitar como de conceder las autorizaciones, las autoridades competentes tienen en cuenta tanto el posible impacto sobre el medio ambiente como sobre los operadores", recoge el escrito del Ministerio, en el que además se recuerda que todas las sustancias autorizadas disponen de un límite máximo de residuos (LMR) fijados por la Unión Europea, que garantiza la seguridad de los consumidores y precisa que para este límite "nunca se establecen excepciones".

Destaca también la nota del Ministerio que en los últimos años ha habido un descenso "muy acusado" en el número de autorizaciones excepcionales concedidas, pasando de más de 120 en 2014 a 63 el pasado año y 22 en lo que va de 2019.

"Este descenso se debe al incremento del Registro de Productos Fitosanitarios en los últimos años, con mayor disponibilidad de productos fitosanitarios en el mercado, destacando principalmente el procedimiento de usos menores, que ha permitido incrementar las soluciones disponibles".

Resaltan desde el Ministerio de Agricultura que el proceso de autorización es estricto, por lo que en España se han denegado anualmente "decenas de solicitudes". También recalca que las condiciones de uso de 1,3 Dicloropropeno establecidas en la autorización excepcional son muy restrictivas, lo que "brinda un alto nivel de seguridad". Así, asegura que su uso está específicamente controlado por los órganos competentes de las comunidades autónomas.

"Tanto el Defensor del Pueblo como el Parlamento europeo y la Comisión Europea han recibido información detallada acerca de esta autorización excepcional en España", asegura.

Por otro lado, destaca que la concesión de autorizaciones para el uso excepcional de productos fitosanitarios, está regulada en el Reglamento de la Unión Europea, donde se estipula que se concederán en caso de emergencia fitosanitaria que no pueda controlarse por otros medios.

En cumplimiento de esta base legal, según puntualiza, todas las autorizaciones excepcionales concedidas en la UE son notificadas a la Comisión Europea y al resto de Estados Miembros con la finalidad de que puedan ser supervisadas, en algunos casos por la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

La nota del Ministerio termina apuntando todos los Estados miembros de la UE conceden todos los años "varios cientos" de autorizaciones excepcionales en la UE, siguiendo la normativa vigente en el territorio comunitario.