Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a Europa Press que esta es una de las medidas que tiene previstas después de que este jueves, 2 de diciembre el Consejo de Comisarios haya notificado a España que la respuesta remitida por España al dictamen motivado no es justificativa y, por tanto, remitirá el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así, la Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no tomar las medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, a pesar de que así lo exige la normativa comunitaria y del expediente abierto en Bruselas desde 2018.

Además, la Comisión reclama a España que revise la situación de siete regiones -- Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana -- y sigan designándolas zonas vulnerables a los nitratos.

Estas fuentes ministeriales insisten a Europa Press en que al mismo tiempo, en los planes hidrológicos de cuenca que están en fase de elaboración se incorporarán medidas efectivas para atajar este problema y determinarán los excedentes máximos de nitrógeno que pueden aplicarse en las masas de agua para cumplir los objetivos ambientales.

De ese modo, añaden que esto es posible por la utilización de una nueva herramienta de modelización numérica (el modelo Patrical), que lleva utilizándose (y perfeccionándose) muchos años en planificación y que permite analizar la evolución del contenido en nitratos para distintos escenarios de reducción de estos excedentes de Nitrógeno. Esta información ha de servir de referencia a las comunidades autónomas ajusten sus programas de actuación.

Por otro lado, destacan el impulso ministerial en las declaraciones de masas de agua subterránea en riesgo (Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura), sobre las que se definen actuaciones concretas. O la especial consideración de casos particularmente afectados como el del Mar Menor.

En su respuesta, añaden que la Dirección General del Agua ha impulsado varios trabajos científico-técnicos cuyo objetivo es conocer en detalle el origen y comportamiento de los nutrientes en masas de agua afectadas por contaminación difusa.

Por último, a través del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia se han aprobado dos proyectos sobre caracterización multi-isotópica de los contaminantes de las masas de agua que ayudarán a determinar las principales vías de entrada de nutrientes y cuantificar su importancia relativa con respecto al total.

Así, insisten en que estos estudios permiten discriminar el origen del contaminante, tanto si es agrícola como si es urbano o industrial.

Por otro lado, apunta que la Dirección General del Agua desarrolla desde hace más de cinco años un proyecto de investigación con la Universidad Politécnica de Valencia para conocer cuáles son los aportes de nitrógeno que se producen a las masas de agua como resultado de los excedentes de fertilización de los suelos agrícolas en España.

Mediante el empleo de modelos hidrológicos de detalle, se calcula el total de nitrógeno de origen agrario que se acumula en las masas de agua, partiendo de los datos de los balances de nitrógeno nacional que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), y que se actualizan todos los años con las cifras hectáreas de cada tipo de cultivo.

Por otro lado, detalla que al mismo tiempo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está trabajando en un Real Decreto que también será muy relevante para controlar el exceso de nitratos, el Real Decreto de nutrición sostenible de suelos agrarios.

Así, añade que este Real Decreto, igual que el de nitratos traspone la Directiva comunitaria son conjuntos de ambos ministerios, aunque en el de suelos agrarios es proponente o impulsor Agricultura y el de nitratos, depende de Transición Ecológica.

El expediente por el que Bruselas acude ahora a la Justicia europea s remonta a noviembre de 2018, cuando los servicios comunitarios abrieron formalmente el procedimiento de infracción contra España con el envío de una carta de emplazamiento pidiendo más información.

La falta de soluciones llevó a la Comisión a pasar a la segunda fase del expediente sancionador en junio de 2020, con el envío de un dictamen motivado demandando más explicaciones y cambios en la situación, pero tampoco sirvió para resolver el litigio.

Bruselas sostiene que la directiva sobre nitratos es una de las "piedras angulares" de la legislación de la Unión Europea que afecta a las aguas y ha sido diseñada para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario y actuar preventivamente contra nuevos riesgos de contaminación.

De acuerdo a esta norma, los Estados miembro tienen la obligación de controlar sus aguas e identificar cuáles están contaminadas o podrían estarlo en el futuro por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Las autoridades también están sujetas a la obligación de calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.

Según un reciente informe publicado por la Comisión Europea el pasado octubre, España se encuentra en el grupo de países de la Unión Europea con la peor calidad del agua en su territorio y con un "problema sistémico" para gestionar la contaminación causada por los nutrientes procedentes de la actividad agraria.

El documento indica que "algunos Estados miembros deben adoptar medidas adicionales urgentes" para lograr los objetivos establecidos en la directiva de nitratos y apunta en particular a España, Bélgica, República Checa, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania, por ser los que están "más lejos" de estas metas.