El sector agrario aragonés facturó en concepto de valor de las materias primas procedentes de las explotaciones de los agricultores, algo más de 4.000 millones de euros el pasado 2017, un 5 % más que el año anterior, siguiendo la senda de crecimiento moderado pero sólido de la última década del sector. Estas producciones posteriormente son transformadas y comercializadas por la agroindustria, sector en expansión en la comunidad autónoma de la mano sobre todo del sector cárnico, que está materializando inversiones agroindustriales estratégicas en diversas comarcas, redundando finalmente en la creación de empleo en nuestro medio rural.

En el éxito del referido entramado agroindustrial aragonés cada vez tiene más peso la exportación. Y no únicamente en los mercados naturales de la Unión Europea, sino también en terceros mercados como los asiáticos, que cada vez tienen un peso mayor en el comercio mundial. Todo ello, configura un escenario en el que la competitividad a nivel de los mercados globales, y por tanto la profesionalidad y tecnificación del sector en los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, resulta indispensable. Escenario en el que ya no tienen encaje pequeñas explotaciones agrarias marginales, cuyos propietarios o responsables tienen su actividad económica principal en otros sectores.

En las ayudas directas de la PAC que perciben actualmente los agricultores en concepto de apoyo a la renta, para este tipo de pequeños agricultores se previó por la Unión Europea un sistema especial, más simplificado, con el techo de cobro de 1.250 euros anuales. Sistema al que, en Aragón, se han acogido 13.200 productores que suponen prácticamente el 30 % del total de beneficiarios de las ayudas directas de la PAC. Sin embargo, el montante total de ayuda pagada en su conjunto apenas alcanza el 2 %, lo que se traduce en una intensidad media de ayuda para este tipo de explotaciones de 540 euros/año. En definitiva, el 30 % de explotaciones agrarias perceptoras de PAC se corresponde en Aragón con un perfil de escasa dimensión económica, que hace inviable la profesionalización de su producción y su competitividad en los mercados globales.

Para abordar esta problemática el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha por primera vez en este 2018, una línea de subvenciones destinadas a incentivar que estos pequeños agricultores con escasa competitividad transfieran sus explotaciones a otros agricultores profesionales con explotaciones de mayor tamaño, tal y como ha explicado el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués. “Con esta política novedosa se persigue incrementar la profesionalidad de las explotaciones que se enfrentan a mercados globales muy competitivos”, ha señalado Nogués, quien además ha manifestado que tendrán prioridad en la convocatoria los más de 1.000 jóvenes agricultores que en los últimos tres años se están incorporado al sector a través de los 70 millones de euros que el Gobierno de Aragón ha destinado a la incorporación y modernización. “Es una forma de que los jóvenes agricultores tengan un acceso más sencillo a las tierras y de legitimar el cobro de la PAC”.

Se trata de una actuación que se alinea con las propuestas que desde Aragón se han puesto sobre la mesa en el marco de la próxima reforma de la PAC en Bruselas, con el fin que estas ayudas se dirijan de forma más homogénea hacia aquellos agricultores más profesionales, reforzando las explotaciones familiares que son la base para la fijación de población en nuestro medio rural.

La dotación total prevista es de 1,2 millones de euros entre los años 2018 y 2020, cofinanciados al 53 por ciento por la Unión Europea. Así, aquellos pequeños agricultores que renuncien definitivamente a la actividad agraria dejando de solicitar ayudas directas a la renta de la PAC, y transfirieran su explotación a agricultores profesionales percibirán a cambio y hasta 2020, en el marco de esta nueva línea de subvención, el 120 % de los montantes de ayuda directa PAC que les correspondería percibir. Además, estos pagos se efectuarán de una sola vez de forma capitalizada. La máxima ayuda que podrá llegar percibir un beneficiario será de 4.500 euros.

El objetivo del Departamento con esta convocatoria, sería poder alcanzar las 500 solicitudes, tanto de interesados que hayan salido ya del sistema este 2018 como de los que se comprometan a hacerlo en el próximo año 2019. El periodo de admisión de solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde la publicación de la convocatoria, que saldrá publicada en el BOA el próximo 30 de agosto.