Si Andalucía y más recientemente todas las CCAA de la cornisa cantábrica ya han señalado su posicionamientos, las principales CCAA que han acudido a este Consejo han puesto sobre la mesa sus reivinciaciones.

ARAGÓN MARCA SU PROPIO AGRICULTOR GENUINO, EXIGE EL FIN DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS Y QUE LA AYUDA SE CONCENTRE EN EL MODELO FAMILIAR DE AGRICULTURA PROFESIONAL

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha trasladado al Ministerio la adenda al documento de negociación de la nueva PAC en la que ratifica la postura de la Comunidad para que las ayudas se concentren en el modelo familiar de agricultura profesional.

El consejero ha dado a conocer el nuevo documento que recoge la posición de la Comunidad sobre la aplicación de la PAC post 2020, una adenda al Acuerdo de reforma de la PAC de Aragón, firmado en mayo de 2018 por el gobierno autonómico con PSOE, CHA, Podemos, Cs, IU, UAGA-COAG y UPA.

En este documento se defiende la necesidad de afrontar desde la PAC la enorme brecha de renta entre quienes viven de la agricultura y la ganadería y el resto de sectores, y que la ayuda se concentre en el modelo familiar de agricultura profesional.

Un modelo que apuesta por «aumentar el apoyo a jóvenes y mujeres y que elimine los agravios, tanto territoriales como individuales, del modelo vigente de ayuda» y que obliga a la «completa y definitiva supresión de los derechos individuales, así como las referencias históricas que regulan la aplicación vigente de las ayudas directas», explican desde el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Una supresión que Aragón quiere que se alcance en 2023, sin aplicación de periodos transitorios ni de procesos de convergencia, con el fin «de eliminar de forma inmediata y definitiva los agravios territoriales e individuales que se han generado».

La Comunidad introduce la nueva denominación de ‘agricultor genuino’, el «único y exclusivo posible perceptor de los pagos directos», y que debe contar con unos ingresos agrarios que representen al menos 50 % de los ingresos totales y unos ingresos mínimos anuales potenciales de 5.000 euros procedentes de la venta de productos agrícolas y ganaderos (producción estándar).

Asimismo, define como ‘agricultor genuino plus’ a quien acredite unos ingresos agrarios que supongan al menos el 50 % de los ingresos totales conforme a la declaración del IRPF, así como el alta en el régimen de la Seguridad Social Agraria que corresponda.

El acuerdo establece que la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluida la Ayuda redistributiva complementaria a la renta y la Ayuda complementaria a la renta para jóvenes, «deberá concentrar un importe superior al 60 % del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC».

También se aboga por reducir «drásticamente» el número de regiones productivas existentes en España hasta un máximo de cinco o seis, una por orientación productiva, así como las diferencias en los importes por hectárea actualmente aplicados.

El texto recoge la idea de que la Ayuda básica a la renta se aplique a todas las superficies cultivadas, así como a todos los pastos que soporten una mínima carga ganadera que permita llevar a cabo un pastoreo real y efectivo, y limitarse a un importe máximo de 100.000 euros por persona física o jurídica beneficiaria, con un coeficiente de modulación por tramos a partir de 60.000 euros.

En el caso de la ayuda directa asociada, ésta deberá aproximarse al 15% del presupuesto total asignado al Primer Pilar de la PAC, se aplicará exclusivamente a los agricultores genuinos y deberá concentrarse, al menos en Aragón, en la ganadería basada en el aprovechamiento directo de pastos y forrajes.

Defiende que el presupuesto destinado a los eco-esquemas, en equilibrio presupuestario con el apoyo directo a la renta del modelo familiar, deberá ser de, al menos, un 20 % del importe total destinado al Primer Pilar de la PAC.

Además de que incluya un complemento para las superficies ubicadas en Red Natura 2000, espacios protegidos y reservas hidrológicas, así como a áreas despobladas (densidad inferior a 8 habitantes por km2) o de alta montaña, y para las superficies agrícolas inundables en relación con el eco-esquema de mantenimiento y protección de cobertura vegetal.

El documento completo puede consultarse en la nueva página web que el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha creado para el seguimiento de la actualidad de la reforma de la PAC.

CASTILLA Y LEÓN PIENSA EN LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN EUROPEOS Y NO SUPERAR EL 20% DE LA ASIGNACIÓN DEL PRIMER PILAR DE LA PAC PARA LOS ECOESQUEMAS

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha propuesto este miércoles que el Ministerio canalice más fondo del Plan de Recuperación, al tiempo que ha insistido en pedir prudencia en los objetivos medioambientales de la nueva Política Agrícola Común (PAC).

Sobre la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tendrá que presentarse próximamente a la Comisión Europea para su aprobación, Carnero ha insistido en que «la financiación que este programa destina específicamente al sector agroalimentario es muy escasa».

España recibirá 1.769 millones de euros de los más de 70.000 que tiene asignados de ayudas no reembolsables, contando con la pesca y los 718 millones que se incorporarán a los Programas de Desarrollo Rural españoles como fondos Next Generation.

En ese sentido, el consejero ha añadido que «es importante que el sector agroalimentario pueda acceder a otras líneas de ayuda que gestionarán otros ministerios» y por eso ha reclamado que el Ministerio de Agricultura o bien canalice más fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o bien, en su defecto, se convierta en una oficina de enlace con otros departamentos para facilitar el acceso a la financiación.

Además, ha reclamado que las convocatorias para las ayudas se abran este mismo año, para resolver y comenzar los proyectos sin demora.

Respecto al acuerdo con el Parlamento Europeo, para la aprobación de la nueva normativa de la PAC, Carnero ha pedido «cautela» en la política medioambiental que, según ha expuesto, tiene que efectuarse sin olvidar la compensación de las rentas de los agricultores y ganaderos.

La Junta de Castilla y León defiende una distribución de la financiación prudente, apoyando la posición del Consejo de no superar el 20% de la asignación del primer pilar de la PAC para los ecoesquemas en los que se fijarán las compensaciones por prácticas compatibles con la sostenibilidad del medio ambiente.

Esto supone aproximadamente 1.000 millones de euros en España al año para la contribución medioambiental de la PAC, a través de este nuevo modelo de prácticas que superan las condiciones medioambientales exigibles para percibir los pagos básicos.

GALICIA PIDE QUE SE TENGA EN CUENTA SUS PECULIARIDADES EN EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE LA FUTURA PAC

El conselleiro del Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González, ha defendido este miércoles que la futura PAC, Política Agraria Común, 2023-2027 corrija el desequilibrio existente con las comunidades de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y País Vasco).

En el seno del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, ha recordado que las tres autonomías coinciden en reclamar al Gobierno central que tenga en cuenta sus peculiaridades en el diseño y la aplicación de la futura PAC.

En este sentido, en relación con los pagos directos, José González ha instado al Gobierno “a corregir el desequilibrio que supone para las comunidades del Cantábrico tener un porcentaje de superficie con derechos de pago de la PAC muy inferior al promedio español”.

El conselleiro ha recordado que las explotaciones de la Cornisa Cantábrica se definen por su tamaño pequeño o mediano, así como por su carácter profesional, pero fundamentalmente familiar y, por ello, es necesario que el Plan Estratégico nacional de la futura PAC apoye y reconozca ese modelo de explotación familiar agraria sostenible.

En la misma línea, Galicia ha rechazado que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos, como los pastos arbustivos.

Sobre la nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental, los territorios del Cantábrico apoyan que se destine a estas aportaciones el 20 % del montante disponible para pagos directos.

No obstante, lamentan que las propuestas del Ministerio para estas ayudas aborden problemáticas y realidades productivas características, principalmente, del centro y sur peninsular, “quedando la España húmeda mucho más desatendida”.

CASTILLA-LA MANCHA MARCA SUS RETOS EN LA AGRICULTURA ECOLÓGICA, OLIVAR Y MUJERES

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado este miércoles las tres prioridades que tiene Castilla-La Mancha para la nueva Política Agraria Común (PAC), que son un eco-esquema para la agricultura y ganadería ecológicas, ayuda para el olivar de bajo rendimiento y la discriminación positiva para las mujeres.

Así lo ha indicado Martínez Arroyo durante su intervención en el Consejo Consultivo de Política Agrícola, donde ha trasladado su postura de cara a la negociación de los reglamentos de la nueva PAC, en los que según Martínez Arroyo desde 2018 se ha trabajado «de forma muy dura para que respondan a nuestros intereses».

Es más, ha resaltado que este objetivo se está consiguiendo de manera paulatina y «permitirá garantizar el futuro de la agricultura profesional y la rentabilidad de las explotaciones de agricultores y ganaderos».

Con respecto al eco-esquema para la agricultura y ganadería ecológicas, Martínez Arroyo ha dicho que en el listado de posibles eco-esquemas de la Comisión Europea se incluye en primer término la agricultura ecológica y ha considerado que esto ha creado «muchas expectativas».

Asimismo, en relación al apoyo al olivar de bajo rendimiento, ha indicado que es «el más importante» en Castilla-La Mancha y que requiere de una ayuda especial porque «necesita de apoyo adicional para ser rentable en el futuro».

Y en cuanto a la discriminación positiva para las jóvenes que quieran incorporarse a la agricultura o la ganadería, la finalidad es que cuenten con un 5 % más de ayudas, ha precisado.

Según el titular regional de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Castilla-La Mancha «está en condiciones de alcanzar estos tres objetivos», al tiempo que ha recordado que en 2020 se han destinado 1.037 millones de euros de la PAC a agricultores, ganaderos y al desarrollo de los pueblos de la región.

De esa cantidad total, 846 millones han correspondido al primer pilar de la PAC para agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria como ayudas directas, y el resto (230 millones de euros aproximadamente) se han inyectado a políticas de desarrollo rural.