El planteamiento de la Confederación Hidrográfica del Duero en el futuro Plan Hidrológico que regulará la cuenca entre 2022 y 2027 y que ampliaba las zonas cercanas a las riberas de los ríos en las que se prohibiría plantar chopos para aprovechamiento forestal, había puesto en alerta a ayuntamientos, pedanías, diputaciones, propietarios y sector industrial. En la provincia de León afectaría a 101 ayuntamientos, de los 211 totales. Ese conflicto parece tener los días contados,

Matías Llorente, vicepresidente de la Diputación de León, “está habiendo negociaciones y parece que se va a solucionar” y el Duero tendrá el mismo “trato” que otras cuencas como las del Miño-Sil y el Ebro, que también tienen terreno en Castilla y León.

“Las negociaciones están avanzadas”, se ha hablado con la CHD cuya postura es “de comprensión para que tengamos el mismo trato” que otras confederaciones que, incluso, “promocionan” la plantación de chopos en las riberas. Ésa discriminación es lo que los afectados por la medida no comprenden, puesto que la legislación es la misma para todas las cuencas, “con esa misma ley, en otras cuencas sí se permite plantar chopos en ‘riberas de estimación’  y a 5 metros de distancia hasta los terrenos particulares y aquí, no se permite en las riberas de estimación y las distancias son 15 metros”,explica Llorente que pide “el mismo trato porque son terrenos no aptos para agricultura”. Además, recuerda que hay muchas riberas recién plantadas que tardarán 15 o 16 años en desarrollarse.

Aunque el conflicto parece que se solucionará, en la Diputación de León se aprobará, previsiblemente por unanimidad de todos los grupos políticos, una moción para defender las plantaciones de chopos en las riberas de los ríos como están actualmente.

El argumento de la CHD para plantear esta medida, según Llorente, es evitar las inundaciones plantando en esas zonas especies autóctonas como los alisos o las salgueras, pero, asegura, “el chopo hace la misma labor que el resto de árboles para las riadas y para la absorción de nítricos o pesticidas”y, además, “juega un papel importante económico y de captura de CO2”, ya que a la mayoría de juntas vecinales los ingresos por las plantaciones de chopos sirven para crear infraestructuras en el medio rural.

“Más sentido común”

Los afectados por los planes de la CHD se han unido en la plataforma ‘+ chopos, sí’ que está animando a la presentación de alegaciones para poner  “sentido común” a esta decisión porque “no es entendible, ni desde el punto de vista técnico, ni jurídico”, según su portavoz, Olga González.  A la Confederación le piden “unas reglas de juego claras donde no se equipare el Dominio público hidráulico, al Dominio público cartográfico y que se mantengan las bandas de protección de 5, 10 y 15 metros, que ya estaban establecidas puesto que así son reglas fijas, no variables, ni arbitrarias”. 

La plataforma estima que en  León son más de 700 hectáreas afectadas y eso es una importante cantidad de empleos, puesto que “cada dos hectáreas de choperas se crea un empleo, por lo que estaríamos poniendo en juego 300 puestos de trabajo en nuestras zonas rurales”. Desde el punto de vista económico, estiman el impacto en más de tres millones de euros anualmente, ya que León es la provincia con más producción de madera de chopo.