Entre el 2000 y 2013, diez de las mayores empresas y asociaciones lácteas españolas e internacionales que operaban en España, entre las que se encontraban Danone, Nestlé y Lactalis, intercambiaron información sobre los precios de compra de leche cruda, los volúmenes de compra y el nivel de excedentes de leche tanto a nivel nacional como regional con el objetivo de adquirir leche de los ganaderos de toda España a un precio inferior al disponible en condiciones normales de mercado.

En julio de 2019, la CNMC sancionó a las industrias cartelistas con multas por un total de 80,6 millones de euros (Resolución S/0425/12: Industrias Lácteas 2).

 UNA FORMA DIFERENTE DE LITIGAR RECLAMACIONES COLECTIVAS

Dado que este grupo de ganaderos representados por Eskariam y Hausfeld supone aproximadamente un 60% del número total de afectados por el Cártel de la Leche que han decidido reclamar, la presentación masiva de demandas al mismo tiempo podría suponer el colapso de los tribunales españoles, como ya ocurrió en el caso del cártel de camiones.

Optando por un enfoque responsable, el equipo legal de estos ganaderos ha presentado una primera tanda de demandas que mostrará a los jueces una imagen precisa de las diferentes tipologías de afectados con los que se van a encontrar en el caso. La gestión de un número menor de reclamaciones pretende facilitar la tramitación judicial, simplificando el procedimiento y fomentando una resolución más rápida de una reclamación colectiva.

Desde Agaprol, la mayor asociación de productores de leche de España, comentan que “los productores lácteos llevan años percibiendo precios por debajo de los costes de producción. Esa situación, forzada por las industrias, ha provocado el cierre de miles de explotaciones y una situación dramática en el medio rural con pérdida de actividad económica y despoblación. El éxito de estas reclamaciones supondría la compensación económica a las pérdidas provocadas durante años y certificaría la viabilidad de una cadena alimentaria sostenible que garantice la soberanía alimentaria de un producto indispensable como es la leche».

David Fernández, CEO de Eskariam, explica que “en una primera fase, hemos interpuesto demandas en diferentes juzgados españoles para que los jueces puedan valorar aspectos clave de las reclamaciones. De esta forma, evitamos que los juzgados se bloqueen o paralicen durante años al tener que atender más de 7.000 demandas simultáneamente. Queremos fomentar una forma diferente de litigar en nombre de los afectados, teniendo en cuenta que en España todavía no está implantado un sistema de acciones de clase o de reclamaciones colectivas que permita tramitar grandes volúmenes de reclamaciones de la misma manera».

Por otra parte, Lianne Craig, socia directora de Hausfeld en Londres, añade que «dado el tamaño de este grupo de clientes, es clave que sus reclamaciones se litiguen de forma eficiente para que puedan ser compensados por sus pérdidas de forma rápida y justa. Hemos visto cómo la presentación de miles de reclamaciones en el caso del cártel de los camiones ha supuesto una enorme carga para el sistema judicial español, y por ello, hemos adoptado un enfoque más estratégico y racionalizado para los casos de estos clientes que beneficie a todas las partes y al sistema, a la espera de cualquier evolución que pueda tener lugar en su momento, permitiendo con una reclamación colectiva una forma más eficaz y eficiente de reparación colectiva en España”.