. Los estudios que semanalmente realiza la Alianza UPA-COAG confirman que se acentúan las diferencias entre los precios que perciben los agricultores y los que pagan los consumidores. Por este motivo, nuestra organización considera imprescindible una posición de firmeza del Gobierno regional en políticas de márgenes comerciales a lo largo de la cadena alimentaria que debe trasladar a Madrid y Bruselas.

Nuestra organización denuncia el descontrol que existe actualmente en la normativa relacionada con la regulación de precios comerciales, lo que hace que la Distribución, por ejemplo, campe a sus anchas aplicando cuando le viene en gana prácticas como la venta a pérdidas.

Al respecto, en las últimas horas se ha aprobado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) contra la venta a pérdidas aunque lamentamos que no haya contado con el apoyo del PP, que se abstuvo, por lo que con su actuación parece no asumir que esta práctica empobrece el primer eslabón de la cadena, el de los productores. En este sentido, consideramos muy preocupante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de semanas atrás en la que dictamina que la legislación española que prohíbe las ventas a pérdidas (aquellas que se realizan a un precio inferior a su coste) es contraria a la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales.

Por este motivo, la Alianza UPA-COAG reclama a la Consejería de Agricultura que lidere una posición de firmeza en defensa de los intereses del sector productor de cara al debate que se  abrirá en Bruselas el próximo mes de enero sobre regulación de márgenes comerciales y fijación de precios.

La Alianza UPA-COAG exige ahora más que nunca voluntad política para que esta situación de márgenes comerciales abusivos en unos casos y venta a pérdidas en otros sea reversible, y por lo tanto se ponga coto a prácticas contrarias a los intereses de los agricultores y ganaderos, que son los que están en el origen de la cadena alimentaria, y sobre quienes recae el perjuicio de estas maniobras comerciales.

La Junta de Castilla y León debe encabezar un posicionamiento político firme ante el Gobierno español y ante las autoridades europeas con proposición de medidas contundentes de apoyo al sector productor para que agricultores y ganaderos perciban precios justos y se ponga coto a estos abusos a través de sanciones contra los especuladores.