Así lo ha considerado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado el proyecto de ley que pretende establecer criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar «de suficiente dimensión como para resultar competitivo en los mercados» y «establecer prioridades para un apoyo público específico que aseguren su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica», según indican desde el Gobierno de Aragón.

La ley es una herramienta «imprenscindible», según Olona, quien también la ha considerado un arma fundamental en la lucha contra la despoblación, para que en los pueblos se sigan manteniendo el modelo de agricultura familiar, tanto agrícola como ganaderor.

Las razones por las que el Gobierno ha impulsado la iniciativa legislativa «más importante» en materia agraria de la legislatura son cuatro, la primera demostrar el apoyo «real» y con presupuesto a este modelo, y la segunda es compensar la «brecha de renta» significativa de este tipo de agricultura.

También ser consecuentes con el hecho de que los más de 1.500 jóvenes que se han incorporado a la agricultura en los últimos años han optado por ese modelo y, finalmente, porque la agricultura familiar está perdiendo peso en términos económicos frente al modelo corporativo.

La política de regadíos, las concentraciones parcelarias y la gestión del patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, se verán afectados por lo que marca la nueva ley.

Así, plantea una nueva regulación en el modelo de agricultura familiar en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, y también reordena la propiedad de las tierras, adaptándola a la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.

La norma, además, modifica la estrategia de gestión del importante patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma y preservando su propiedad pública a modo de banco de tierras.

LA FRACCIÓN DE RENTA AGRARIA IMPUTABLE AL MODELO DE AGRICULTURA FAMILIAR ALCANZA EN ARAGÓN APENAS EL 20% DE LA RENTA AGRARIA TOTAL

Se prevén procedimientos ágiles que le hagan contribuir de manera eficaz a la incorporación de jóvenes al sector y al incremento de la renta agraria, fomentando la creación y consolidación de explotaciones vinculadas al modelo de agricultura familiar social y económicamente viables.

Tras su aprobación como proyecto de Ley por el Gobierno en apoyo a la modelo de agricultura familiar, el texto será enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El Gobierno aragonés recuerda que la agricultura familiar ha sido el modelo socioeconómico sobre el que se ha basado tradicionalmente la producción primaria de alimentos en Aragón, y destaca su papel en la vertebración del territorio, el asentamiento de la población y el mantenimiento del paisaje y valores ambientales.

Pero añade que el proceso de globalización de los mercados agrarios y la necesidad de acometer elevadas inversiones para alcanzar los desafíos tecnológicos y de digitalización sitúa a este tipo de explotaciones en una posición de «desventaja competitiva» respecto de otros modelos que esta ley quiere atajar.

Según los datos proporcionados por el ejecutivo, la fracción de renta agraria imputable al modelo de agricultura familiar alcanza en estos momentos en Aragón apenas el 20 por ciento de la Renta Agraria total.